Digi avanza en su OPV y contrata a Uría Menéndez y a Linklaters para los asuntos legales

Digi avanza en su camino hacia la Bolsa española con la contratación de los despachos de abogados Linklaters y Uría Menéndez, que se ocuparán de los temas legales de la OPV. La operadora aspira a una valoración de 2.000 millones de euros como mínimo, cifra que le permitiría captar recursos para apuntalar su crecimiento en España a través de una venta de acciones nuevas y antiguas por un 30% en primavera. La compañía ya cotiza en la Bolsa rumana con una valoración de unos 2.600 millones de euros, por encima de la tasación preliminar de la filial española.

La entrada de Digi en el mercado español allá por 2008 fue relativamente silenciosa, centrada en clientes extranjeros y sin infraestructura de banda ancha. Pero en los últimos años la operadora de origen rumano ha dado un golpe en el tablero de las telecomunicaciones con captaciones masivas a sus rivales que la colocan como la reina indiscutible y un despliegue de red propia que le ha permitido ofrecer precios de derribo. Es la compañía más agresiva en precios y esto ha permitido que sume clientes en España hasta alcanzar los 10,2 millones de productos –entre internet y telefonías móvil y fija– a cierre de septiembre.

España es el segundo mercado de la compañía que dirige como CEO Serghei Bulgac, con unos ingresos entre enero y septiembre de 681,1 millones de euros, y un crecimiento superior al 19%, solo por detrás de Rumanía (881 millones), si bien el crecimiento en su país de origen en notablemente inferior con un alza del 8%. El precio que la compañía tiene que pagar para mantener el endiablado ritmo de crecimiento en España está en los escuetos márgenes que se anota, derivados de las fuertes inversiones.

El operador rumano pulverizó sus propios registros en 2025 al captar casi un millón de líneas netas, consolidando un lustro de hegemonía que comenzó en 2021. Este 2025 marcó un hito histórico al atraer a 994.000 abonados descontentos (210.000 de banda ancha y 784.000 de móvil), superando con creces los registros de sus máximos rivales, según las cifras a las que ha tenido acceso este medio.

Los gastos operativos totales de la compañía ascendieron a 515,9 millones de euros en los tres primeros trimestres del año pasado, y casi una tercera parte de esta cuantía se dedicó a España. La ratio de deuda de la compañía respecto al ebitda se situará en unas 2,6 veces al cierre del ejercicio, según explicó el consejero delegado de la compañía el pasado 14 de noviembre, cuando adelantó su intención de rebajarla hasta las 2,2 veces. A cierre de septiembre, el pasivo neto se situaba en 1.714 millones de euros con unos gastos financieros que casi se han duplicado, hasta rozar los 100 millones de euros.

Expertos consultados anticipan que la compañía requería de unas inversiones de al menos 350 millones de euros en el presente ejercicio. Y una parte de ese dinero provendrá de la salida a Bolsa en España. En esa potencial operación, Rothschild es el asesor de cabecera de la compañía fundada por el multimillonario Zoltán Teszári, un inversor rumano nacido en 1970 con ascendencia húngara que se volcó en la industria de las telecomunicaciones tras la caída del comunismo en 1989.

Los coordinadores globales también están seleccionados: el Santander, UBS y Barclays ejercerán ese papel. Ya están también los asesores legales, que serán Linklaters y Uría Menéndez, según señalan varias fuentes del mercado a Cinco Días. Desde Digi, han declinado hacer comentarios sobre esta información. Los que no están seleccionados todavía son los bancos que ejercerán de colocadores de los títulos en los siguientes escalones a los de los tres mencionados.

El pasado octubre, los bancos que intervinieron en su colocación de bonos a seis años por 600 millones de euros fueron Barclays y el Santander –que ya están fichados para la potencial OPV– y también Citi, Société Générale, Unicredit e ING. Esta lista puede ser un indicador de las entidades que cuentan con opciones de estar presentes en la operación.

Marius Varzaru, CEO de Digi en España, anticipó ante el mercado que la deuda neta atribuible a España debería situarse en el entorno de los 450 millones de euros. El perímetro final se conocerá una vez estén encima del tapete todas las cifras de la OPV a través del correspondiente folleto que se registrará en la CNMV.

La cuarta operadora en España en servicios móviles –por detrás de MásOrange (ahora, propiedad al 100% de la teleco francesa, tras la compra de esta del 50% a los fondos de private equity Cinven, KKR y Providence)– de Telefónica y de Vodafone, consiguió un fuerte desahogo con la venta de parte de su red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en España a Macquarie Capital, Abrdn y Arjun Infrastructure Partners, principales accionistas de Onivia.

En 2024 acordó la venta por un importe de hasta 750 millones de euros por seis millones de accesos de fibra óptica, de los que 4,25 millones ya estaban desplegados y los restantes 1,75 millones de accesos serán desplegados hasta el próximo ejercicio. El acuerdo abarca sus accesos ubicados en 12 provincias en España: Madrid, Segovia, Ávila, Murcia y las que componen Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

La compañía estudia la posibilidad de incluir un tramo minorista en la OPV, como publicó este periódico el pasado 21 de noviembre. Sería una baza negociadora añadida en la fijación del precio de venta, ya que es una marca ampliamente conocida por el gran público. Y los minoristas suelen ser menos exigentes en cuanto a las valoraciones de las OPV. En todo caso, las fuentes consultadas añaden que se trata de una decisión que la compañía aún no ha tomado.