Inicia la deshabilitación de 29 comercializadoras de electricidad ‘fantasma’
Después de años en la lista de Competencia, que incluye 550 empresas, el ministerio inicia un proceso para retirar del mercado a un grupo de compañías sin actividad
La Dirección General de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado el inicio de un procedimiento de inhabilitación de 29 compañías comercializadoras para desarrollar la actividad de comercialización de energía eléctrica. Concretamente, las que “no han adquirido energía en el mercado de producción en el plazo de un año”, según se indica en el anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
En general, se trata de pequeñas sociedades limitadas, aunque algunas pertenecen a grupos reconocidos. Entre ellas están Naturgy Renovables; Energya VM Energías Especiales (del Grupo Villar Mir); Ignis Energía; Powen Energía; Vesta Renovable; Ahorra Energía Asesores; Antuko Energía; Colabora Energía-Argus; Debaru Energía; Econactiva; Energy Solar Tech; Gestionna Soluciones Energéticas; Inmobiliaria de Construcciones y Arriendos; Luciferasa-1 Energía; Luz del Pueblo; Viroque Energy o la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria.
En este instante, en el listado oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aparecen 550 comercializadoras, de las cuales aproximadamente 130 registran casi nula actividad; se trata de las denominadas comercializadoras fantasma. Algunas no tienen ninguna actividad, como las que el ministerio busca ahora inhabilitar, pero otras sí poseen algún cliente, y una veintena no tiene clientes finales, pues únicamente operan en el mercado mayorista (pool). Mientras se gestiona la cancelación de su derecho a vender energía, estas empresas no podrán tener acceso a las bases de datos de los puntos de suministro de la CNMC (el acceso a esta información fue una de las razones por las que persistían activas, según denunciaron en su momento algunas competidoras) y se les abrirá un procedimiento de audiencia de 10 días para que puedan presentar alegaciones y la documentación que consideren relevante.
El acuerdo también se ha remitido al operador del sistema, Red Eléctrica de España; al del Mercado Ibérico de Energía, Omie; a la CNMC y a las empresas distribuidoras, las cuales podrán presentar alegaciones dentro del mismo plazo.
El ministerio procede
El problema de las comercializadoras fantasma ha crecido en los últimos años. En 2023, según el informe de supervisión del mercado minorista de la electricidad de la CNMC, se registraban 504 comercializadoras eléctricas (actualmente la lista supera las 550), de las cuales solo 382 estaban activas, es decir, adquirían energía para suministrarla a sus clientes. El resto, hasta 122 empresas (ahora son 130), no tenían actividad ni cartera alguna. La mayoría mantienen una actividad mínima o algún cliente, por lo que, por ahora, se mantienen a flote.
A pesar de ello, y aunque la normativa vigente permitía la inhabilitación, el ministerio no había iniciado hasta ahora un proceso amplio demandado por el sector y los operadores. De hecho, el procedimiento se activa según la norma actualmente en vigor (un decreto de 2000), la cual se fortalecerá con la nueva regulación de la comercialización eléctrica aprobada este martes por el Gobierno mediante el real decreto que transpone el Reglamento General de Suministro y Contratación de Energía Eléctrica, y que pone fin, entre otros aspectos, a la posibilidad de contratar la luz por teléfono, salvo solicitud expresa del cliente. El decreto restringe aún más a las comercializadoras, pues a partir de ahora podrán ser inhabilitadas aquellas que no hayan demostrado actividad —es decir, que no hayan adquirido energía en el mercado— dentro de los seis meses, y no ya de un año.
Sin embargo, y esta es la diferencia hasta ahora, la potestad de inhabilitar será ya del ministerio (hasta ahora los posibles procedimientos se estancaban en la CNMC y REE) y afectará a las comercializadoras de nueva creación. Este carácter potestativo ha sorprendido entre las empresas del sector porque “deja margen a la arbitrariedad”, según algunas alegaciones a la norma.
Durante los años de la crisis energética, entre 2021 y 2023, dejaron de operar aproximadamente 80 comercializadoras debido a cierres o inhabilitaciones, creando un vacío en el sistema. Tanto en caso de cese de actividad como por la ruptura unilateral los contratos (las empresas que compraban energía en el mercado diario, incapaces de cumplir sus obligaciones tras el aumento de los precios) como los clientes fueron transferidos a una comercializadora regulada o de referencia (COR), pero la energía no pagada se transformó en una deuda del sistema, asumida por todos los operadores, especialmente Naturgy, Endesa o Iberdrola. Asimismo, al cliente en el mercado libre que contrata con otra comercializadora se le aplica un recargo del 20%, que en esos años representó un costo de 130 millones de euros para los afectados, según la CNMC.