Los transportistas advierten del riesgo de colapso en la logística si el Gobierno no actúa ya contra la escalada del gasóleo

Las mayores asociaciones del transporte profesional por carretera en España, todas ellas presentes en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), están mostrando malestar este jueves por lo que consideran una lenta reacción del Gobierno de Pedro Sánchez para reducir el impacto de la crisis energética motivada por el conflicto en Oriente Próximo. Colectivos como CETM o Astic esperan que del Consejo de Ministros extraordinario fijado para este viernes salga un salvavidas a la medida del que se activó entre 2022 y 2023 por los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Pero desde el Ejecutivo ya se ha advertido que la situación no es tan grave como la de años atrás, cuando se coincidió con la salida de la pandemia.

Desde Astic, asociación que engloba a transportistas con actividad internacional, se sostiene que países como Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría o Eslovenia “adoptaron medidas entre una y dos semanas tras el inicio del conflicto”, desatado el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente del colectivo, Marcos Basante, remarca que Astic reclamó al Ministerio de Transportes, de manera preventiva, el diseño de “un paquete de medidas de respuesta rápida, tanto en el ámbito técnico como jurídico, ante un posible incremento abrupto del precio del gasóleo”. Eso fue el día 3, cuando ya se temía el estallido de una crisis.

Con el barril de Brent en el nivel de los 119 dólares, Basante lamenta que “el transporte por carretera y otros sectores estratégicos de nuestra economía vamos a tener que esperar más de 20 días hasta que el Gobierno implemente estas medidas que, por el momento, desconocemos”.

Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), mayoritaria en el CNTC con el 55% de representación, se afirma que el escenario exige “responsabilidad y una respuesta coordinada por parte de todos los actores implicados”. Esta patronal avisa de consecuencias graves en la movilidad y en la cadena de suministros si la respuesta del Gobierno se queda corta. Fuentes cercanas a la confederación explican que no sería útil una actuación sobre el IVA y tampoco ven margen de compensación en el impuesto de hidrocarburos, sobre el que actúa un sistema de devolución parcial al transporte profesional, agricultores y ganaderos.

Los departamentos de Mercancías y Viajeros van de la mano en el seno del CNTC cuando alertan de una situación “crítica” por el conflicto bélico de Irán, que “amenaza con colapsar tanto el transporte de personas como la totalidad de la cadena logística, a menos que desde el Gobierno se adopten medidas urgentes e inmediatas que palíen los efectos que el alza del combustible provoca en el sector del transporte, tan sensible y esencial para la economía”.

Todo el sector mira a Bruselas, donde se celebra este jueves la reunión del Consejo Europeo, con la esperanza de que se habiliten ayudas de Estado que puedan transformarse en incentivos directos al transporte y otros sectores afectados por la escalada de precios, como la agricultura. “La situación es grave”, se apunta desde CETM, “en julio de 2022 se llegó a una subida del 40% en el precio del gasóleo y en la actualidad llegamos al 32% en solo tres semanas”. Desde esta confederación se ha negociado con suministradoras como Repsol y Moeve para que amplíen el crédito otorgado a los transportistas, consumido en sus tarjetas por el alza de precios, mientras el Ejecutivo lanza un salvavidas.

También aspiran a planes de apoyo las aerolíneas, que han tramitado sus peticiones a través de la patronal CEOE, y las operadoras de mercancías por ferrocarril.

Propuesta del sector

En reunión mantenida el pasado día 11 con la cúpula del Ministerio de Transportes, las asociaciones clamaron un mínimo de 25 céntimos de bonificación por litro de gasóleo, gasolina, AdBlue (un complemento para vehículos diésel) o por kilogramo de gas comprimido. Además de esta rebaja directa, el CNTC dio como imprescindible una lista de ayudas por vehículo, con un mínimo de 1.500 euros por cabeza tractora o vehículo rígido y de 750 euros por furgoneta. Una última demanda del sector fue la del alza en la referencia del coste de combustible en el índice general de costes del transporte en un 10% por tipología. Así, ascendería al 40% para el pesado de carga general; 30% en el vehículo de hasta 16 toneladas, y un 20% en ligeros. Esta última medida no tendría impacto en las cuentas públicas, pero sí en la inflación.

La batería de peticiones está ligeramente por encima de las que incluyó el escudo anticrisis que supuso el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, que fue dotado con 16.000 millones de euros. De esa cifra, 1.000 millones fueron al transporte por carretera en bonificaciones, a las que se sumaron 900 millones en línea de ayuda estatal para el mantenimiento de flotas.

El repostaje de combustible es uno de los principales costes de las empresas y autónomos del transporte profesional, repercutido por ley en el precio de sus servicios. Desde CETM se estima que su peso es del 40% sobre los gastos operativos y Astic estima en 4.000 litros de combustible al mes el consumo medio de uno de sus camiones.