Binance, de nuevo bajo sospecha por supuestas transferencias a entidades iraníes vinculadas a grupos terroristas
Auditores internos alertaron sobre movimientos de hasta 1.700 millones desde cuentas de la plataforma antes de ser despedidos, según ‘The Wall Street Journal’ y ‘The New York Times’

Binance vuelve a estar bajo sospecha. Los periódicos estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times han revelado que un equipo de auditores internos de la compañía descubrió el año pasado que entre 2024 y 2025 se transfirieron hasta 1.700 millones de dólares (unos 1.400 millones de euros) desde algunas cuentas de Binance a entidades iraníes vinculadas a grupos terroristas, violando las sanciones internacionales y las normas contra el lavado de dinero, en plena crisis geopolítica entre EE UU e Irán. Los auditores informaron al equipo directivo de la empresa, pero pocas semanas después de que Donald Trump indultara al fundador de la empresa, Changpeng Zhao, algunos de ellos fueron suspendidos o despedidos.
Según estas informaciones, una cuenta perteneciente a una empresa de pagos con sede en Hong Kong, llamada Blessed Trust, habría sido el canal principal para mover criptomonedas hacia la red iraní. Esta firma actuaba como fiat partner del exchange: es decir, permite a los usuarios depositar, retirar o convertir dinero tradicional (como dólares) directamente en la plataforma cripto. Un portavoz de Binance asegura que las cuentas vinculadas a estas transacciones fueron eliminadas y que así se notificó a las autoridades. No obstante, el exchange apartó a estos trabajadores alegando “violaciones del protocolo de la empresa” en relación con el manejo de datos de clientes, según las investigaciones de los medios estadounidenses.
Preguntada sobre estas revelaciones, la compañía ha rechazado las afirmaciones de la prensa. “La revisión interna de Binance no encontró pruebas de infracciones de las leyes o normativas de sanciones aplicables relacionadas con las transacciones descritas. Binance detectó y comunicó actividad sospechosa, lo que demuestra que nuestros controles funcionan, no lo contrario. Ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento ni por informar de posibles cuestiones relacionadas con sanciones“, recoge en un comunicado remitido a CincoDías.
Tras estos nuevos hallazgos, el senador demócrata Richard Blumenthal abrió una investigación sobre la empresa, que a día de hoy sigue siendo el mayor exchange cripto en el mundo. Envió una carta a Richard Teng, actual CEO de Binance junto a Yi He, pareja del fundador de la empresa, que fue nombrada el pasado diciembre durante el evento anual de la empresa en Dubái. En la misiva el político solicitó información sobre estas transacciones y pidió aclaraciones sobre el despido del personal vinculado con esta investigación. “La magnitud de las transferencias ilícitas recientemente reveladas y el despido inexplicado de los auditores internos ponen en duda el cumplimiento de Binance con las sanciones estadounidenses y las leyes bancarias”, escribió en su carta.
No sería la primera vez que Binance viola las advertencias sobre lavado de dinero y registrara transacciones ilícitas en su plataforma. En 2023, la justicia estadounidense ya había puesto al descubierto los puntos oscuros en el negocio de la empresa cripto. En aquel entonces, se reveló que cuentas vinculadas a entidades relacionadas con grupos terroristas, como Hamás, el Estado Islámico (ISIS) y Al Qaeda utilizaron la plataforma y movieron más de 1,5 millones en operaciones con divisas virtuales, por un valor total de casi 900 millones de dólares, sin que Binance lo reportara a las autoridades. Tampoco impidió operaciones entre usuarios estadounidenses y otros situados en jurisdicciones sancionadas como Irán, Corea del Norte, Siria y la región ucraniana de Crimea.
Así, la plataforma aceptó pagar una multa récord de 4.368 millones de dólares (unos 4.000 millones de euros en aquel entonces) por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y las sanciones internacionales permitiendo a los usuarios iraníes utilizar la plataforma. Asimismo, Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión por permitir el blanqueo de dinero a través de la plataforma, una pena que descontó en 2024. El exchange dejó de operar en EE UU y CZ, como se le conoce en el sector, renunció como director ejecutivo, aunque sigue siendo accionista mayoritario de Binance.
Desde aquel entonces, la plataforma intentó mostrar una nueva imagen y pasar página, ampliando su equipo de cumplimiento. “Contamos con casi 1.400 trabajadores en este área y representan cerca del 25% de nuestro personal”, dijo el año pasado Richard Teng en una entrevista con este periódico. También hizo alarde de que es la plataforma más regulada del mundo (en 22 países): no obstante, no opera en Estados Unidos y en Europa, uno de los principales mercados con un marco regulatorio muy estricto, todavía no ha obtenido la licencia MiCA (la ha solicitado en Grecia), necesaria para seguir operando a partir del 1 de julio.
Estas revelaciones se conocen tras un periodo dulce para la empresa, que acaba de superar los 300 millones de usuarios registrados. El año pasado, la SEC suspendió su batalla judicial con Binance y a finales de octubre, el presidente de EE UU, Donald Trump, indultó al gurú cripto, al considerarlo una víctima de la Administración Biden en su guerra contra las criptomonedas. La empresa colaboró de forma estrecha con la plataforma cripto de la familia Trump: Binance habría desarrollado la infraestructura técnica inicial sobre la que funciona la stablecoin USD1, de la empresa cripto World Liberty Financial, de los Trump, y que se emitió solo en las blockchain de Ethereum y Binance Smart Chain.
El senador demócrata Blumenthal calcula que aproximadamente el 85% de USD1 está en cuentas del exchange. El activo también se uso para hacer negocios en el mundo cripto: el gigante inversor MGX de Abu Dabi la uso para invertir unos 1.765 millones de euros en Binance. Pese a su relación con la cúpula del poder en Washington, siguió siendo el destino favorito para las entidades cuyo objetivo era lavar dinero y sortear las sanciones a través de los activos digitales.