Hacia la unificación de los MASC: los políticos se lanzan al barro
Ante la falta de una aclaración normativa estatal, la clase política parece decidida a intervenir
A punto de cumplirse un año de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha llegado el momento de hacer balance. La norma nació con objetivos ambiciosos: modernizar un sistema con más de cuatro décadas de vigencia, reducir la sobrecarga de los tribunales, acercar la justicia al ciudadano -especialmente en zonas rurales- y fomentar soluciones consensuadas que rebajaran la litigiosidad.
En la práctica, la reforma ha supuesto dos grandes cambios: la reorganización estructural de los juzgados en tribunales de instancia y la introducción de un nuevo requisito de procedibilidad, los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). El primero se ha producido de forma progresiva hasta fechas recientes, lo que dificulta todavía una valoración definitiva de su impacto real. Sin embargo, los MASC sí han generado un intenso debate en el sector jurídico durante este primer año.
La ambigüedad de algunos preceptos y la imposibilidad de prever toda la casuística en un único texto legal han provocado numerosas dudas interpretativas. Ante la falta de un criterio jurisprudencial unificado o de una aclaración normativa estatal, distintos órganos judiciales han emitido acuerdos y criterios propios para dotar de homogeneidad y seguridad jurídica a su aplicación en sus respectivos territorios. En este contexto, la clase política parece decidida a intervenir. El pasado 17 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de modificación de la norma, impulsada por el Partido Popular. Según esta formación, la exigencia generalizada de acudir a un MASC antes de interponer demanda ha generado distorsiones para ciudadanos, autónomos y empresas, pudiendo retrasar el acceso efectivo a la justicia.
La iniciativa propone modificar el artículo 5.2 añadiendo nuevos apartados y suavizando o eliminando la obligatoriedad del MASC en determinados procedimientos, como juicios monitorios, reclamaciones de cuotas de comunidades de propietarios o desahucios. En estos casos, el intento de negociación previa ha planteado dificultades operativas que, según sus defensores, vacían de eficacia la tutela judicial.
Paralelamente, el Partido Popular promovió una proposición no de ley, aprobada en el Congreso con 185 votos a favor, que insta al Gobierno a revisar con urgencia el régimen de los MASC. En síntesis, reclama una unificación de criterios en todo el territorio para evitar disparidades entre órganos judiciales y la ampliación de las excepciones al requisito cuando su exigencia resulte desproporcionada o genere obstáculos injustificados.
Por su parte, el PNV registró en enero una proposición de reforma con un enfoque más técnico y sectorial. Su iniciativa se centra especialmente en los procedimientos de familia con menores, atendiendo a las advertencias de asociaciones especializadas que alertan de que la exigencia de un MASC previo podría retrasar decisiones urgentes que afectan al interés superior del menor. La propuesta plantea modificaciones concretas en varios preceptos para evitar que el requisito de negociación previa se convierta en un obstáculo en asuntos especialmente sensibles.
A este escenario político se suma un nuevo frente judicial. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal de Instancia de Valencia de Alcántara. En ella se cuestiona si la obligatoriedad de los MASC puede vulnerar el derecho de acceso a la justicia en determinados supuestos, especialmente cuando afectan a menores. Además, se señala una posible incoherencia normativa: la ley excluye de los MASC las materias indisponibles, pero no las exceptúa expresamente del requisito de intento previo de negociación.
Pocas leyes pueden presumir de un primer año tan intenso. El debate parlamentario y judicial evidencia la dificultad de equilibrar la eficiencia procesal con la garantía de tutela judicial efectiva. El tiempo determinará si las reformas propuestas prosperan y si logran conjugar desjudicialización y seguridad jurídica sin comprometer el derecho fundamental de acceso a la justicia.