Los LAJ advierten que la convocatoria de plazas de jueces y fiscales no será efectiva sin incrementar sus plazas

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, liderado por Félix Bolaños, ha dado a conocer ayer la creación de 500 plazas judiciales y 200 fiscales, sumando una macrooposición histórica para revitalizar el sistema. Esta medida responde al nuevo modelo de tribunales de instancia y servicios comunes procesales, que busca eficiencia mediante especialización en equipos. El Gobierno destaca un repunte del 4% en señalamientos, atribuido a la tercera fase de implementación, aunque reconoce pendientes en admisiones y ejecuciones. Pero las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia advierten: sin refuerzos proporcionales en LAJ y funcionarios, la Justicia no mejorará.

PROLAJ, Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia, valora positivamente el anuncio, pero reclama “al menos 300 nuevas plazas de LAJ” y más funcionarios de cuerpos generales. Subrayan que la tramitación, organización de oficinas y ejecuciones dependen de estos profesionales, no solo de togados. “La experiencia diaria en órganos judiciales lo demuestra”, insisten, alertando sobre plantillas insuficientes en el nuevo modelo.

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), por su parte, celebra el paso, pero lo califica de insuficiente: “Los nuevos jueces y fiscales serán de poca utilidad sin LAJ y funcionarios proporcionales”, afirman en su nota de prensa fechada hoy. UPSJ calcula 431 plazas de LAJ necesarias, basadas en cargas de trabajo territoriales, y critica la desproporción en plantillas, agravada por la estructura directiva que resta LAJ a la dirección técnica procesal.

Ambas entidades coinciden: el refuerzo debe ser “quirúrgico y equilibrado” para evitar cuellos de botella en fases iniciales y finales de procesos. UPSJ considera que “la eficiencia del nuevo modelo se basa en la especialización en equipos y grupos, lo que necesita tener suficiente personal —también más funcionarios— para especializarlo”, mientras PROLAJ, que ofrece “colaboración institucional” considera que “sólo mediante una planificación equilibrada de los distintos cuerpos que integran el sistema judicial será posible mejorar los tiempos de tramitación de los procedimientos, reforzar la ejecución de las resoluciones judiciales y ofrecer a los ciudadanos un servicio público de Justicia más ágil y eficaz.