Fotografía actual y perspectivas inmediatas en la aplicación del derecho de la competencia en España
La CNMC revisó 122 concentraciones en 2025 (cifra récord), frente a las 87 de 2024
El derecho de la competencia no es ajeno a las grandes corrientes de la geopolítica y, al igual que ésta, parece haber entrado en una fase marcada por la intervención estatal, estructurada en torno a conceptos difusos como el interés general o la seguridad; conceptos que, sin duda, se encontraban ya presentes en las normas de disciplina del mercado, si bien de forma larvada, y que ahora han pasado a primer plano. Un ejemplo concreto es la autorización en ‘fase III’ de la concentración BBVA/Sabadell en circunstancias de todos conocidas de acentuado intervencionismo.
En los tiempos menos liberales a los que el mundo parece abocado el incremento del nivel de escrutinio en materia de concentraciones económicas parece un hecho, tanto por la vía del derecho de la competencia, como de la normativa sobre inversiones extranjeras en sectores estratégicos. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revisó 122 concentraciones en 2025 (cifra récord), frente a las 87 de 2024. La más relevante fue la ya citada OPA del BBVA sobre el Sabadell, en última instancia decidida por el Gobierno. Asimismo, se registró en 2025 la primera prohibición de una concentración (Curium/IRAB) bajo la vigente Ley de Competencia, en el sector de tomografía por emisión de positrones (PET).
La existencia de un umbral de cuota de mercado en Derecho español hace además que la CNMC se encuentre en una posición privilegiada para vigilar adquisiciones de empresas punteras pero todavía con pequeña o nula facturación (startups) y que por tanto suelen volar bajo el radar de los umbrales europeos de control de concentraciones; y en su caso reenviarlas a la Comisión Europea bajo el mecanismo del artículo 22 del Reglamento Europeo de Concentraciones.
En materia de represión de conductas anticompetitivas, la técnica de la clemencia como herramienta de detección de cárteles ha sufrido debido al temor de las empresas a exponerse a acciones de daños y perjuicios (que a diferencia de las sanciones administrativas, no se benefician de la clemencia para la empresa delatora de la existencia de un cártel). Ante este declive, la CNMC impulsa herramientas de detección basadas en IA, y su unidad de inteligencia económica utiliza BRAVA, un algoritmo de aprendizaje automático que escanea plataformas de contratación pública para detectar colusión en licitaciones.
Más allá de las sanciones pecuniarias, la CNMC recurre de forma creciente a las prohibiciones de contratar con las Administraciones Públicas, habiendo quedado fijada jurisprudencialmente la facultad de la CNMC (y correspondientes autoridades autonómicas) para fijar el alcance y duración de dicha prohibición en sus resoluciones sancionadoras.
Las grandes plataformas digitales se encuentran en el foco de las autoridades. La CNMC ha impuesto multas récord a Booking (413 millones de euros), Apple y Amazon (por un total de 194 millones de euros) - y ha declarado recientemente que Apple y Amazon (a las que previsiblemente aguardan sanciones) han incumplido las órdenes de cesación en la conducta anticompetitiva. La CNMC también ha cerrado mediante terminación convencional una investigación sobre Google por posible abuso de posición dominante frente a editores y agencias de noticias. Por último, la CNMC ha sido designada coordinadora de servicios digitales en España en virtud de la Ley (europea) sobre Servicios Digitales (DSA), entre cuyas funciones destaca la supervisión de la verificación de edad en grandes plataformas en línea, investigando a aquellas que carecen de sistemas eficaces al respecto – asunto este que preocupa de manera notable.
En el ámbito judicial, la CNMC ha seguido sufriendo algunas derrotas en los tribunales que han anulado total o parcialmente algunas de sus resoluciones sancionadoras, como la relativa a las editoriales de libros de texto o más recientemente la del cártel de transporte escolar en Baleares. En materia de daños, continuarán los pronunciamientos judiciales en diversos sectores, aunque no se prevé que prospere la legislación esperada ya hace tiempo sobre acciones colectivas mientras se mantenga la dinámica parlamentaria actual.
Otro de los ejes de actividad es el relativo a la prevención y cumplimiento normativo, donde la CNMC acaba de concluir una consulta pública para revisar la Guía de programas de cumplimiento de 2020 a la luz de la Directiva ECN+, la Directiva sobre canales de denuncia y la propia experiencia acumulada por la CNMC, con el objetivo de flexibilizar requisitos que desincentivan la adopción de programas de cumplimiento.
En conclusión, el derecho de la competencia mantiene e incrementa su importancia en el futuro inmediato, en un entorno de previsible incremento del intervencionismo administrativo y cierto recelo hacia las grandes plataformas electrónicas; y en el plano judicial, por la litigiosidad privada y Contencioso-Administrativa. Por todo ello, la buena preparación y competencia técnica con carácter preventivo y no sólo reactivo se convierten en imperativos tácticos.