La nueva decana de los procuradores madrileños reivindica visibilidad y competencias en plena resaca de la Ley de Eficiencia

Carmen Giménez Cardona, decana electa del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), ha presentado este miércoles a la nueva junta de gobierno con una doble mochila: la de ser la primera mujer que dirige la institución en sus 452 años de historia y la de pilotar la profesión en plena resaca de la gran reforma procesal de la Ley 1/2025. “Una victoria ilusionante”, resumió sobre el resultado de las elecciones del 26 de febrero, con una participación que en el colegio califican de histórica y que ha llevado a la junta a una composición reflejo de la realidad de una profesión en la que hoy dos terceras partes son mujeres: 10 mujeres y 6 hombres, “procuradores de trincheras” pegados al día a día de los juzgados.

​La nueva decana quiere un colegio menos de pasillos y más de calle: “Cercano al procurador a pie”, con especial atención a quienes ejercen en solitario o en pequeños despachos, los más expuestos a los sobresaltos tecnológicos y a los efectos colaterales de la digitalización acelerada de la justicia. De fondo late una preocupación que es también programa: que la procura no se convierta en un oficio invisible. Giménez Cardona insiste en “sacar la profesión” a la sociedad y a las facultades de derecho, donde aspira a que los alumnos conozcan la procura “como opción profesional real” y no como una nota a pie de página en el temario.

​La reforma de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) es uno de los frentes donde la nueva junta afila el discurso. La decana lamenta una implantación “precipitada” que, a día de hoy, “ralentiza demandas sin reducir carga judicial” y puede convertirse, si no se corrige, en una barrera de acceso a los tribunales más que en una vía para desjudicializar conflictos. Madrid, recuerda, sigue sin acuerdos de unificación de criterios como los que ya funcionan en otras comunidades, lo que agrava la sensación de inseguridad de los operadores jurídicos.

​Algo parecido ocurre con los tribunales de instancia, que Giménez Cardona define como “una idea positiva, pero mal ejecutada”: unidades al 50% de personal, expedientes físicos acumulados y un expediente judicial electrónico con fallos que los procuradores pagan cada día con su tiempo dedicado a plazos, señalamientos y notificaciones. La decana reivindica una procura “artesanal, pero insustituible” en el impulso procesal, la corrección de errores y el papel de bisagra entre cliente, letrado y juzgado.

​El vicedecano, Javier Zabala, puso el foco en otro riesgo: que la supresión de la territorialidad derive en “suplantaciones masivas” bajo la cobertura de las sustituciones, desdibujando la presencia cercana al juzgado que tradicionalmente ha caracterizado al procurador. Apoyado en una reciente sentencia de la Sala Tercera del Supremo (1.521/2025), defendió mantener esa proximidad como pieza de seguridad jurídica.

​La hoja de ruta de la nueva junta pasa también por ensanchar competencias: ejecuciones y actos de comunicación bajo la dirección de los letrados de la Administración de Justicia. “No queremos quitar competencias a nadie, queremos ayudar a que se cumplan las resoluciones”, resume la decana, que se reivindica como parte de un colectivo de “vigilantes gratuitos del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia”. En un sistema tensionado por reformas sucesivas, Madrid estrena una dirección colegial que aspira a convertir esa vigilancia en palanca de cambio.