El modelo de los tribunales de instancia es el adecuado, pero se necesita tiempo y personal suficiente
Necesitamos una dotación suficiente y equilibrada: la creación de plazas judiciales y fiscales no es suficiente y necesitamos más LAJ y más funcionarios de cuerpos generales
El pasado 31 de diciembre se ha producido la puesta en marcha de la fase III de implantación de los tribunales de instancia y de los servicios comunes que les dan soporte, si bien, al haberse acordado cierta flexibilidad en la conferencia sectorial entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y las Comunidades Autónomas con competencias en justicia, el grado de implantación es variado. El nuevo modelo supone pasar de un sistema rígido de decenas de pequeños juzgados independientes entre sí a uno en el que la totalidad de las plazas judiciales están soportadas por unos grandes servicios comunes donde se puede especializar equipos y redirigir funcionarios de unos a otros para atender con flexibilidad las necesidades que vayan surgiendo. No se cambian normas procesales ni competencias, pero permite modificaciones de la organización según criterios de eficiencia.
En este periodo de implantación han arreciado las críticas contra el nuevo modelo, pero pocas veces se tiene en cuenta la situación inicial. El modelo anterior de los juzgados como cámaras estancas no se ajustaba al volumen de litigiosidad actual y nos estaba llevando al colapso. No se disponía de medios para desatascar los asuntos en los partidos con más pendencia. Solamente se podía crear nuevos juzgados estancos, que pronto colapsaban a su vez, sin solucionar los problemas de los antiguos. Las noticias de señalamientos a dos, tres o cuatro años vista lamentablemente eran frecuentes. Partimos de eso.
Obviamente, un nuevo modelo implica muchos cambios. Estos no se han asentado todavía. No se puede esperar cambiar el reparto de trabajo de miles de funcionarios de un día para otro y que estos se adapten al instante a su nuevo cometido, fase procesal o a los procedimientos que ahora les toca. Un periodo de adaptación es inevitable, aunque la transición se hubiera hecho en las mejores condiciones posibles, con equipos de apoyo, sistemas informáticos sin fallos y formación personalizada.
Son numerosas las incidencias informáticas producidas. Pero eso ya pasaba antes. Las caídas de unos y otros sistemas no son una novedad. Lo que sí es nuevo es haber tenido que cambiar los permisos de acceso a miles de funcionarios en muy poco tiempo, lo que ha supuesto una sobrecarga lógica a los diferentes centros de atención al usuario. Dado este paso, el principal problema informático con el que nos encontramos ahora es que la mayoría de los sistemas de gestión procesal no están preparados para la nueva organización. Ese problema también se irá solucionando con el tiempo y las actualizaciones a otros más adaptados, como el Atenea.
Se denuncia desorden e improvisación. Los nuevos directores de los servicios comunes, todos ellos letrados de la Administración de Justicia (LAJ), y sus equipos directivos, han tenido muy poco tiempo desde su nombramiento para planificar y organizar los servicios. Están desempeñando una función nueva sin claros precedentes, más allá de la NOJ donde estaba implantada. Aún así, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo de todos ellos ha sido destacable. Se ha cometido errores, que a su vez, por la flexibilidad del sistema, tienen remedio. Igualmente, la disparidad de forma de organización no es mala, se podrá comparar y adoptar la de otros servicios que se revelen más eficientes. Los directores y resto de equipos directivos también están en fase de aprendizaje y de adaptación. Necesitan algo de tiempo.
Existen grandes diferencias entre territorios. Unos han destinado más medios, otros menos. Unos estaban más preparados, otros menos. Pero eso ya pasaba antes, las disparidades de las comunidades entre sí y con el territorio ministerio siempre han sido muy grandes, cada una habiendo priorizado determinadas facetas de gestión, ya sea la informática, los espacios físicos o la dotación de personal. Algunas han priorizado el ahorro y están claramente en peores condiciones. En algunos territorios, por esas circunstancias, se necesitará más tiempo.
Ninguna de las dificultades reseñadas es definitiva. Muchas son heredadas del modelo anterior. No se corresponden a un error de diseño. El nuevo modelo habrá que valorarlo cuando las piezas estén bien asentadas.
Finalmente, todo análisis debería reseñar el gran esfuerzo que están desplegando todos o la clara mayoría de LAJ y funcionarios para el despliegue del nuevo modelo y dar respuesta a los ciudadanos. Ese esfuerzo y vocación de servicio ha hecho siempre que los asuntos vayan saliendo adelante. Pero por si solo no es suficiente. Hay una carencia clara, que se arrastra desde muy atrás: falta personal.
Necesitamos una dotación suficiente y equilibrada. La creación de plazas judiciales y fiscales no es suficiente. Necesitamos más LAJ y más funcionarios de cuerpos generales. Eran pocos con el anterior modelo, se han reducido incluso al cesar los refuerzos existentes. Es necesario remediar ese problema estructural. Esa es la primera deficiencia y el primer peligro que corren los tribunales de instancia y los servicios comunes, heredado del modelo anterior: hacen falta más LAJ y más personal.