Medios propios de la Administración: talento y utilidad pública

Iré al grano. Llevamos décadas en un debate recurrente sobre el papel de los medios propios (entidad pública que actúa como instrumento de una Administración y realiza encargos para ella con tarifas que reflejan el coste) y su impacto en la competitividad del sector con el que se relacionan. Sin embargo, más que un verdadero debate, en muchas ocasiones se ha tratado de una conversación incompleta, circunscrita principalmente a la voz de algunas asociaciones empresariales, mientras que desde las propias instituciones se ha optado por una prudencia que, con el tiempo, podría interpretarse como aceptación implícita de una condición subsidiaria o excepcional que no refleja la realidad ni la complejidad de la función que desempeñan. Conviene, por tanto, afirmar con claridad una idea central: los medios propios no son una anomalía ni una excepción, son infraestructura institucional del Estado moderno. En las economías avanzadas, la capacidad técnica y organizativa de la Administración para ejecutar políticas públicas, planificar inversiones complejas y coordinar actores es tan esencial como la regulación o la política económica. Sin esa capacidad, la calidad institucional –uno de los factores más vinculados al progreso de las naciones según la literatura económica– se debilita.

El modelo reconocido como in house no constituye una singularidad española, sino una figura plenamente reconocida en el marco europeo y ampliamente extendida en distintos países. Su lógica responde a la necesidad de que las Administraciones dispongan de capacidades técnicas internas cuando la naturaleza de determinados proyectos exige continuidad, conocimiento acumulado, coordinación interinstitucional o altos niveles de especialización. En este contexto, el ordenamiento jurídico español no considera el recurso al medio propio como una alternativa de segundo orden frente a la contratación en el mercado, al menos en el sector servicios, sino como un instrumento legítimo al servicio del interés general.

Pero la mejor validación de esta figura no reside en su diseño jurídico, sino en su utilidad real. Cuando las Administraciones confían de forma sostenida en un medio propio lo hacen porque encuentran en él capacidad técnica, conocimiento del entorno público y fiabilidad en la ejecución. En el caso de Ineco, los indicadores de satisfacción de clientes alcanzan niveles cercanos al sobresaliente: una valoración media de 8,9 sobre 10 y un 84% de clientes con recomendaciones activas. Estos datos reflejan confianza basada en resultados, no en comodidad administrativa. De hecho, nuestros principales clientes son grandes organismos y empresas públicas con amplia experiencia en procesos de contratación ordinaria, lo que refuerza la idea de que la elección del medio propio responde a criterios de utilidad y no únicamente de conveniencia procedimental.

El debate sobre la posible interacción con el mercado y la mejora en las normas de contratación pública merece, no obstante, una reflexión serena y global que supera el de la regulación de los medios propios. Estos medios operan con tarifas a coste, cuya evolución ha estado por debajo de la inflación en los últimos años, y en el caso de la subcontratación, al menos en el caso de Ineco, aplican un principio de margen cero que facilita la participación del sector privado y fomenta un ecosistema de colaboración. El medio propio está concebido para complementar a las Administraciones públicas y hacerlas más eficientes en proyectos de especial complejidad donde la coordinación público-privada resulta determinante. Tender puentes con el sector privado no es solo deseable, sino imprescindible, y la historia de nuestro sector demuestra una constante permeabilidad de talento y conocimiento entre ambos ámbitos que ha fortalecido a la ingeniería y la consultoría españolas. Porque creo que nadie discute que las ingenieras e ingenieros de las empresas públicas representan con igual dignidad y calidad la potencia de la ingeniería española.

Se ha señalado también el crecimiento de los medios propios en España. Más que una cuestión de dimensión, la clave es su función. Cuando una institución demuestra utilidad, capacidad de ejecución y confianza sostenida por parte de sus clientes, su evolución responde a una lógica funcional vinculada al interés general. El verdadero límite no es cuantitativo, sino cualitativo: actuar allí donde el valor institucional es diferencial, evitando solapamientos innecesarios y reforzando siempre la cooperación con el tejido empresarial.

Pero el argumento más relevante es el del talento público. Europa afronta transformaciones de enorme calado –transición energética, digitalización, despliegue responsable de la inteligencia artificial, ejecución de grandes proyectos e inversiones complejas– que exigen administraciones con capacidad técnica real para planificar, coordinar y ejecutar. Esa capacidad no se improvisa: requiere formación, experiencia acumulada en proyectos complejos, trabajo interdisciplinar y un conocimiento profundo del funcionamiento institucional. Los medios propios han contribuido durante décadas a consolidar esa capacidad, no desde la urgencia ni la subsidiariedad, sino asumiendo responsabilidades en proyectos de alta complejidad que han generado conocimiento, continuidad y aprendizaje institucional.

La dicotomía entre sector público y privado no refleja la realidad de las economías avanzadas. El progreso depende de su interacción inteligente. Fortalecer la capacidad técnica pública no debilita al mercado, crea mejores condiciones para la colaboración, la innovación y la ejecución de proyectos que ninguna de las partes podría abordar por sí sola. Durante décadas, esta cooperación ha permitido impulsar iniciativas que han contribuido al desarrollo de nuestro país y a la proyección internacional de nuestro conocimiento. Y seguirá siendo así si mantenemos una convicción básica: la economía del conocimiento solo alcanza todo su potencial cuando se pone, de forma conjunta, al servicio del interés general y de los grandes retos colectivos y se traslada el reconocimiento social y económico que merecen todos los profesionales que lo hacen posible.