El mundo en llamas y España sin su campeón nacional de la defensa

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Tenemos el mundo en llamas, Europa se ve empujada a acelerar con el rearme y España se enreda en torno al único plan que estaba a la vista para reforzar su industria de defensa. El contexto geopolítico, o mejor dicho el caos global, carga de razones a los que advierten de la urgencia de construir capacidades militares europeas. ¿Cómo se hace eso? Con una industria militar propia. Porque la otra opción sería lamentable: destinar el aumento del gasto militar, comprometido bajo presión de Donald Trump, a comprar materiales a EE UU. No resultaría aceptable cuando el mismo Trump desprecia a sus históricos aliados, pone en cuestión la protección de Europa en la OTAN, agrava todos los conflictos mundiales sin contar con nadie y señala con el dedo a quien, como España, evita comprometerse a disparar el gasto en defensa al 5% del PIB, desde el 2% actual, en diez años.

Gaste el 2% o el 5%, España necesita una industria de defensa robusta, y llega muy tarde a una tarea ya resuelta por los grandes países europeos. Alemania cuenta con Rheinmetall; Italia, con Leonardo; Francia, con Thales; el Reino Unido, con BAE Systems. Solo en el campo de la aviación se cuenta con un gigante transeuropeo: Airbus, que debería ser un ejemplo para otros sectores, pero ha quedado como una sonora excepción.

¿Y España? El Estado está presente en Airbus, que tiene fábricas aquí; el naval está cubierto con Navantia y lo que falta es un gran proveedor para el Ejército de Tierra. La empresa de armamento con más solera, Santa Bárbara, fue vendida a la estadounidense General Dynamics en plena ola privatizadora de Aznar en 2001. Y para colmo a un precio de amigo: cinco millones de euros. La operación resultó ruinosa: el Tribunal de Cuentas calculó el agujero para el Estado en 200 millones. Santa Bárbara ha quedado ahora excluida de los contratos más importantes del Ministerio de Defensa porque este, como es comprensible, busca prioritariamente proveedores europeos, españoles si es posible.

‌Así que solo queda Indra, que no era una empresa de defensa hasta hace muy poco, sino una tecnológica, pero que en el último año, en la presidencia de Ángel Escribano, ha llevado a cabo un plan audaz de compras y operaciones (Hispasat, El Tallerón, Tess y algunas más) para expandirse en el campo militar. Queda Indra y queda Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que es la empresa del propio presidente de Indra con su hermano Javier. Indra y EM&E son claramente complementarias, y la perspectiva de una fusión entre ambas explica buena parte del rally bursátil de Indra, que subió un 184% el año pasado.

Fue el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el que promovió a Ángel Escribano a la presidencia de Indra en enero del año pasado. Escribano es un industrial que ha prosperado desde el negocio familiar, no un financiero ni un político, y se sale del perfil más habitual en empresas públicas; eso lo sabían cuando lo eligieron en sustitución de Marc Murtra. Fue la misma SEPI la que apoyó la fusión entre Indra y Escribano, que en palabras del Gobierno iba a crear al “campeón nacional” de la defensa. Y fue el Ejecutivo el que concentró en Indra una parte muy importante de las adjudicaciones de los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas.

‌Pero esta semana el Gabinete de Sánchez dio un giro de 180 grados, después de meses lanzando mensajes confusos, y la SEPI declaró que no podía darse un paso más en la fusión sin “despejar” el conflicto de intereses que afecta a Escribano, por ser a la vez el vendedor y el presidente del comprador en la posible transacción. Ese conflicto de intereses era palmario desde el principio, pero el Gobierno parece haberlo descubierto de repente ahora. Para salvarlo, Indra había creado una comisión ad hoc de independientes que estudiaba la integración y los Escribano habían sido apartados de las deliberaciones. Al Ejecutivo ya no le parece suficiente que se haga así, pero, durante nueve largos meses, desde que el consejo dio luz verde al proceso en julio, sí debía parecérselo, porque votaba en el consejo a favor de resoluciones unánimes.

‌Podemos tratar de adivinar los motivos del giro, porque nunca se hicieron explícitos. Faltan explicaciones: no es raro en Europa que los Estados participen en empresas estratégicas, pero tienen que someterse a las reglas de transparencia y gobernanza exigidas a las cotizadas. Se ha especulado con que La Moncloa perdió la sintonía con Escribano, un tipo con carácter; con que hubo miedo al ruido político (al poner pegas el PP, por boca de Alberto Nadal) y a posibles demandas judiciales; con que Iván Redondo (exgurú de Sánchez, hoy asesor de Santa Bárbara) movió sus influencias; con que la embajada de EE UU ha presionado en favor de la filial española de General Dynamics, que para colmo ha llevado a los tribunales el reparto del gasto militar. Puras conjeturas, porque desde el Gobierno hubo mutismo total hasta la noche del miércoles, cuando la SEPI se posicionó por primera vez en un comunicado, y al día siguiente las voces del Gobierno repetían sin cesar las mismas frases de aquella breve nota. “Eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión”, dijo Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno, fuera de los canales oficiales, se había deslizado uno de sus grandes reparos a la fusión: si la integración entre Indra y EM&E se hiciera como se pensó inicialmente (fusión por absorción mediante una ampliación de capital, es decir, pagando la compra en acciones), los Escribano, que tienen el 14% de Indra y el 100% de su empresa familiar, habrían alcanzado un peso en la Indra resultante similar o superior al de la SEPI (hoy un 28%, que se vería rebajado en la ampliación de capital). Si ese hubiera sido el único obstáculo, era salvable en una negociación, y había múltiples alternativas, desde que los Escribano vendieran una parte de su participación en Indra (pignorada con JP Morgan) hasta una compra con una parte en efectivo y otra en acciones, o toda en efectivo. La SEPI planteó en febrero, pero nunca de forma pública, que, en vez de una fusión, Indra comprara el 51% de Escribano para integrarla en una nueva filial de defensa, sin que afecte al reparto del capital de la matriz. Pero los Escribano rechazan esa fórmula, por la que pierden el control de su empresa sin mejorar su posición en la mayor, y también se negaban algunos fondos presentes en el capital como Amber (también accionista de Prisa, editor de EL PAÍS y Cinco Días) o Third Point, porque sin una fusión completa no se obtienen las sinergias ni las capacidades operativas esperadas.

Así que seguimos sin saber por qué cambió de opinión el Gobierno sobre su “campeón nacional” de la defensa. Pero lo cierto es que la anómala actuación de la SEPI, publicando un comunicado para forzar una dimisión en vez de plantear su postura en el consejo y que se vote, ha hecho saltar por los aires la operación más esperada del sector. Los Escribano comunicaron el jueves que renuncian a la fusión de su empresa con Indra, y el consejo de esta compañía no pudo más que tomar nota de que ha concluido el proceso de integración. Si está muerto del todo nunca puede afirmarse, pero es obvio que no puede resucitar sin los Escribano.

Se supone que la SEPI quería que Ángel Escribano dejara la presidencia y que fuera otro presidente el que liderara una fórmula de integración que resultara aceptable para el Gobierno. Le ha salido el tiro por la culata: no habrá integración, la acción se llevó un descalabro del 12% en la sesión del jueves, el presidente se mantiene por el momento en su puesto, y se desvanece el motivo que justificaría su destitución. No será una sorpresa que el Gobierno vuelva a la carga para lograr el cese de Escribano, pero en el consejo del jueves la SEPI no dio ninguna pista de ello. Que el Estado sea no solo el primer accionista de Indra, sino el principal cliente, va a dificultar una resistencia continuada de Escribano. Si La Moncloa no logra sacarle la dimisión, serán el consejo y, en última instancia, la junta de accionistas quienes decidan. En tal caso, el reparto de fuerzas augura emoción hasta el final.

Y, mientras, el mundo sigue en llamas. El ingente gasto militar no tendrá, por ahora, un grupo español de referencia que tire de toda la industria en un momento clave para la seguridad de Europa. Al final sale perdiendo el interés nacional, que una vez más no coincide con el interés político.‌

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