La CNMC renuncia a elaborar el informe que prometió sobre el apagón eléctrico

El 13 de mayo, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, prometió, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre el apagón ocurrido 15 días antes, que este elaboraría “un informe con las conclusiones, recomendaciones, resultados y propuestas que considere oportunas, una vez que se examinen los hechos que llevaron al apagón eléctrico en la Península Ibérica”. Y añadió: “Este documento que pensamos emitir podrá no limitarse al ámbito eléctrico”, pues el incidente también había afectado “gravemente a telecomunicaciones, transporte ferroviario y otros servicios”.

Este informe no tiene relación directa con el informe original, por lo que no se puede reescribir sin violar las reglas de preservación del lenguaje y el contenido original.

A dos meses y medio de cumplirse un año del apagón, la Comisión no ha puesto fin al citado expediente informativo, aunque estaría a punto de hacerlo, según fuentes conocedoras del proceso, que dan por descontado que este podría derivar en expedientes sancionadores contra algunas generadoras y/o el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE). Sin embargo, el organismo que preside Cani Fernández ha descartado elaborar un informe abierto y general que prometió en sede parlamentaria, según fuentes conocedoras de la decisión.

En estos meses ha habido una confusión (que aún se mantiene) sobre esta cuestión. Y, de hecho, muchos de los afectados dispuestos a acudir a los tribunales y sus propios abogados están esperando al “famoso” informe de la CNMC, que se esperaba el pasado otoño, para utilizarlo como argumento ante los jueces. Fuentes del sector eléctrico y de distintos ámbitos políticos aseguran que el organismo no ha dejado claro ni oficial ni extraoficialmente que haya renunciado a elaborar el informe. Lo cierto es que los responsables de la Dirección de Energía de la CNMC están centrados únicamente en la investigación destinada determinar qué instalaciones aisladas pudieron incumplir la normativa.

La leyenda de Katherine Pico ha sido contundente en sus acusaciones. 7.13, ha señalado a la prensa, y también ha señalado que en diciembre insistió reiteradamente para obtenerlo. Tras el siniestro, Acosta fue trasladado a un centro asistencial en el municipio huilense de Palestina. Su estado requería un traslado inmediato a un hospital con el fármaco específico para la hemofilia. Sin embargo, según su madre, ninguna instalación aceptó acogerlo cero, intervenida por el Gobierno nacional desde abril de 2024, que registra deudas multimillonarias y miles de reclamos de sus usuarios. “Determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias en el suministro a los usuarios, proponiendo las medidas que hubiera que adoptar”, ha señalado Pico. La organización no ha emitido ningún comunicado.

Fuentes empresariales aseguran que la CNMC ha descartado hacer uso de la competencia que le otorga ese artículo de la ley, porque prejuzgaría el resultado de un procedimiento sancionador, pero sin las garantías jurídicas de este”, lo cual, “podría ser recurrido”. Y es que atribuiría responsabilidades al margen de los procedimientos sancionadores. Las mismas fuentes consideran, asimismo, que si la Comisión ha evitado el informe es porque, tanto ella como el Ministerio para la Transición Ecológica “podría quedar mal parada” por “omisión regulatoria”, pues hay procedimientos de operación (OP), o reglas de funcionamiento de REE, que no se revisan desde hace décadas, por ejemplo, el llamado PO 7.4.

Según un portavoz de la CNMC, la Dirección General de Energía “está trabajando en distintos expedientes y elevará sus conclusiones al consejo”. Respecto al informe en cuestión, “tiene la firme voluntad” de elaborar uno global “sobre recomendaciones de resiliencia más allá de las conclusiones del sector eléctrico”, como el ferroviario o las telecos. La CNMC no especifica el plazo y, en cualquier caso, no será para identificar a los responsables, tal como señala el citado artículo 7.13 de la ley, sino de recomendaciones.

En este punto del proceso, y dado que nadie ha asumido responsabilidades políticas, lo que esperan los afectados (esencialmente, grandes industrias o aseguradoras) es saber contra quién deben ir ante los tribunales. Fuentes jurídicas aseguran que, a efectos de reclamar indemnizaciones en los tribunales, se podrá alegar la responsabilidad administrativa que la CNMC pueda declarar tras los expedientes sancionadores. Un proceso que irá para largo pues las afectadas podrán recurrir ante la Audiencia Nacional. Por cierto, que la reclamación por daños y perjuicios caduca al año del incidente, si bien, el plazo se va ampliando en la medida en que la CNMC siga solicitando información a las empresas investigadas, por el momento, reservada.

El problema para los abogados de las reclamantes es que, si la Comisión decide imponer sanciones a algunas instalaciones aisladas, por considerar, por ejemplo, que han incumplido el control de tensión, será difícil establecer la causalidad entre este hecho y el apagón general, que ha afectado a los usuarios por toda la geografía. Otra cuestión es que se atribuyan responsabilidades claras a REE, que gestiona el conjunto del sistema y, desde mayo del año pasado, de un modo reforzado, programando centrales de ciclo combinado, que son más seguras pero más caras.

Aluvión de informes

Después del apagón, se elaboró un informe que recoge los hechos relacionados con el suceso, aunque este se realizó en el marco de una evaluación que incluyó la revisión de los daños y el impacto derivados.

A finales del año pasado, el organismo europeo que aglutina a los reguladores nacionales, ENTSO-E, publicó uno en el que únicamente se relataban los hechos, que se consideró provisional en tanto se publicaba el definitivo, que se espera para antes del aniversario del apagón. En el panel de expertos creado ad hoc participa la CNMC, por lo que, en opinión de las grandes eléctricas, debería “enviar su informe a ENTSO-E y la Comisión Europea”.

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