Indra dice que el consejo puede aprobar la integración de Escribano sin el visto bueno de la comisión ‘ad hoc’
Admite en un documento remitido a la CNMV que dicha comisión consignó desde el primer momento un conflicto de interés con los hermanos Escribano

Indra ha revelado al completo el protocolo que aprobó su consejo de administración el pasado verano para la creación de una comisión ad hoc que analizara el eventual conflicto de interés que podría haber en una operación de compra de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), movimiento avalado por unanimidad por el consejo de administración. En el documento hecho público “por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”, según señala la propia empresa, se detallan todos los controles que se han establecido desde hace ocho meses por parte de la compañía para amparar la legalidad de esa posible operación. En el texto, se admite que podrá aprobarse por el consejo de administración, más allá de las conclusiones que alcance la comisión independiente sobre la procedencia de la transacción.
En principio, dicho protocolo identifica un conflicto de interés con relación al presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, consejero de Indra y presidente de EM&E. La empresa de defensa no es solo el objetivo de esta operación, sino que también es el segundo mayor accionista de Indra, con alrededor del 14% de los títulos; el primero es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 28% del capital. “Estos dos consejeros [...] Deberán ausentarse de cualquier reunión del consejo en el que se trate este tema, además de abstenerse de participar y votar en cualquier materia relacionada con la operación, y no podrán tener acceso a la documentación relativa a la misma ni a los asesores designados por Indra”, expone el documento en relación a la participación de los hermanos Escribano.
Además de la creación de una comisión independiente que estudiase cada arista, la propia Indra decidió en su momento que todo el proceso fuera liderado y supervisado por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, tal y como confirma el protocolo desvelado este viernes.
La empresa explica que aquella comisión, autorizada el 30 de julio y compuesta por consejeros independientes, fue creada “para supervisar el cumplimiento de las reglas aplicables para la correcta gestión de los conflictos de interés” y “garantizar que el proceso se conduce de acuerdo con los mejores estándares de gobierno corporativo”.
Sin embargo, la resolución final que dicte esta comisión no es vinculante, por lo que el consejo de administración es soberano para tomar la decisión que considere más oportuna. “El consejero delegado deberá presentar tales términos a la comisión ad hoc con carácter previo a su presentación al consejo de administración y procurar, en la medida de lo posible, obtener un informe favorable de la comisión ad hoc. En caso de no obtenerse, presentará los términos de la operación al consejo de administración en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra”, señala el texto.
Pese a que dicho protocolo ya había sido supervisado por la CNMV hace meses, ahora el regulador ha exigido su publicación. La operación de compra de Escribano Mechanical & Engineering se planteó en un primer momento como una fusión con Indra en la que Escribano tomaría nuevas acciones en una hipotética ampliación de capital.
Sin embargo, esta posibilidad se está alejando cada vez más. La SEPI ha planteado que el CEO de la compañía proponga diversas opciones para la compra de EM&E más allá de la fusión. El Gobierno ahora es más partidario de otras alternativas, como crear una división de defensa en la que integrar Escribano y en la que la multinacional del Ibex-35 cuente con un 51% del capital, dejando el resto para EM&E u otras empresas que se pudieran consolidar.
La SEPI entiende que, más allá del interés financiero que tiene con su participación en la empresa, su deber es salvaguardar el interés público, ya que se trata de una compañía llamada a liderar el sector de la defensa en España en un momento de explosión del gasto en este sector por la inestabilidad geopolítica mundial y las exigencias de EE UU a los miembros de la OTAN para que eleven sus presupuestos militares.
En este contexto, Indra subió durante 2025 más de 200% en bolsa, lo que la convirtió en el valor del selectivo Ibex 35 con mejor desempeño en todo el ejercicio con mucha diferencia respecto al segundo. El número dos de la empresa ha argumentado que la compra de EM&E es estratégica para poder competir con los grandes gigantes del sector, como Rheinmetall o Leonardo.
Pero no todo el crecimiento y potencial a corto plazo de Indra está siendo un camino de rosas para la empresa: Santa Bárbara Sistemas (SBS), la empresa perteneciente a la estadounidense General Dynamics, ha denunciado ante el Tribunal Supremo los créditos concedidos por el Ministerio de Defensa a Indra para la modernización del ejército y, de la decisión que tomen los tribunales, no solo podrían bloquearse las adjudicaciones a Indra sino a distintos proyectos del Ministerio de Defensa por valor de hasta 14.000 millones de euros.
Indra eleva la autocartera
Casi en paralelo a la rendición de cuentas ante el regulador respecto al protocolo de actuación con Escribano, este viernes también se ha sabido que Indra ha elevado su autocartera al 0,807%, el nivel más alto desde abril de 2024, cuando llegó a tener un porcentaje de acciones propias representativo del 1,82% de su capital. Según los registros de la CNMV, que recoge Europa Press, Indra ha adquirido desde el 15 de enero de este año 1,425 millones de títulos en términos netos a un precio que ha oscilado entre 59,96 euros y 46,48 euros.
La compañía ha comunicado al supervisor estas adquisiciones de autocartera con motivo de haber superado el umbral del 1% del capital, aunque posteriormente lo ha rebajado al citado 0,807%. Los títulos de Indra cerraron el 15 de enero a un precio de 57,85 euros, mientras que el 18 de febrero, último día en que ha notificado compra de acciones propias a la CNMV, cerró en 53,40 euros.