Los altos impuestos al tabaco conllevan el riesgo de impulsar el mercado negro, según el CES europeo

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha advertido de que las subidas elevadas y bruscas de los impuestos al tabaco pueden empujar a los consumidores a comprar en el mercado negro. Este órgano consultivo de la Unión Europea (UE) ha elaborado un dictamen sobre la revisión de la directiva de fiscalidad del tabaco puesta en marcha por Bruselas en julio de 2025. Según afirma el CESE en su informe, emitido el pasado 18 de febrero, aumentar excesivamente los gravámenes sobre productos para fumar tiene efectos contraproducentes: impulsar el comercio ilícito, reducir los ingresos fiscales y debilitar los objetivos de salud pública que la propia UE pretende alcanzar.

El organismo reconoce la necesidad de actualizar el marco fiscal para adaptarlo a los nuevos productos y objetivos sanitarios, pero insiste en que la reforma debe ser “proporcionada, gradual y sostenible”. De lo contrario, avisa, el trasvase al mercado ilícito puede “socavar la recaudación y la protección de la salud”.

El pasado mayo, España y otros 14 países europeos reclamaron a la Comisión actualizar la directiva sobre la fiscalidad del tabaco. Los ministros de Finanzas lamentaban que “el marco legislativo vigente está obsoleto en su conjunto y ha dejado de ser adecuado para su propósito”, puesto que no tiene en cuenta los nuevos productos y tendencias que han irrumpido con fuerza en el mercado —por ejemplo, los vapeadores—.

Al mismo tiempo, exigían una armonización para mejorar la lucha contra las prácticas ilegales y limitar los efectos dañinos sobre la salud de estos productos, haciendo hincapié en que, a falta de una normativa europea, cada socio ha adoptado legislaciones nacionales que han creado fragmentación.

En julio, la Comisión Europea publicó un informe en el que reconocía la falta de eficacia, coherencia y relevancia de la directiva actual, y defendía una reforma basada en tres objetivos: garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, reforzar la protección de la salud —en línea con el Plan Europeo contra el Cáncer—, y combatir el fraude y la evasión fiscal para proteger los ingresos de los Estados miembros.

Ante la propuesta de la Comisión, el comité recomienda ajustes fiscales progresivos, mayor cooperación aduanera y medidas contra el contrabando; pero pide evitar gravar los productos no combustibles (vapeadores o cigarrillos electrónicos, en los que no hay combustión porque funcionan calentando un líquido) al mismo nivel que los cigarrilos tradicionales. En ese sentido, el CESE apela al principio de “menos daño, menor impuesto”. También pide “mantener la flexibilidad para los Estados miembros en el diseño de los impuestos y mejorar la calidad jurídica en la definición de productos como el tabaco calentado”, en referencia a los vapeadores.

Un estudio publicado en agosto por la revista Tobacco Control concluía que los jóvenes que vapean tienen hasta tres veces más probabilidades de iniciarse en el consumo de cigarrillos convencionales que aquellos que no lo hacen. El análisis también detectó asociaciones significativas entre el vapeo y problemas de salud como neumonía, bronquitis, recuentos más bajos de espermatozoides, mareos, dolores de cabeza, migrañas y mala salud bucal.

Este organismo europeo, creado en 1957, no legisla, pero emite dictámenes oficiales para la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo sobre propuestas y políticas comunitarias. Según anuncia en su página web, representa a los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil organizada. Con sede en Bruselas, está formado por 329 miembros, designados por los Estados miembros y nombrados por el Consejo de la UE.

Ley antitabaco en España

En España, el Consejo de Ministros aprobó en septiembre el anteproyecto de reforma de la ley del tabaco, que tiene como medida estrella la prohibición de fumar en terrazas, equipara a los cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional y veta por primera vez el consumo en menores (no solo la venta). La norma sigue pendiente de tramitación parlamentaria.

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) solicitó en noviembre la reconsideración de algunas cuestiones propuestas por el Ministerio de Sanidad. Este organismo sugería ”valorar si existen alternativas menos restrictivas que permitan cumplir los objetivos de interés general”. El organismo aconsejaba también coordinar la reforma de las normas europeas y españolas para minimizar los costes de adaptación de las empresas a las leyes.