La inteligencia artificial y su impacto en el orden mundial

El uso de la inteligencia artificial (IA) con fines geoestratégicos es ya una realidad constatada en distintos escenarios internacionales recientes. Su aplicación no se limita al ámbito militar, donde se emplea para la planificación y ejecución de operaciones altamente precisas, sino que se extiende también al plano informativo, mediante la generación de contenidos capaces de influir en el contexto previo a un conflicto y en la percepción de los distintos actores implicados.

La relevancia de la IA resulta innegable, por su impacto en la economía global y por la profunda transformación que está impulsando en los procesos productivos y organizativos, tanto en el sector público como en el privado. Este escenario explica que las grandes potencias estén concentrando sus esfuerzos en el desarrollo y control de esta tecnología, así como en asegurar el acceso a los recursos y materias primas necesarios para sostenerla.

Esto explica el creciente interés por las tierras raras, en un escenario de competencia internacional por el liderazgo tecnológico. Los centros de datos que sustentan los sistemas de IA requieren elementos de tierras raras (ETR), un conjunto de 17 elementos metálicos —los 15 lantánidos, junto con el escandio y el itrio— que, si bien no son escasos en términos absolutos, se encuentran muy localizados geográficamente y cuya extracción y purificación resulta compleja. Estas circunstancias les confieren un elevado valor estratégico.

Las grandes compañías tecnológicas aspiran a desarrollar la IA en entornos regulatorios que no impongan restricciones excesivas, argumentando la necesidad de evitar desventajas competitivas. En este sentido, la proliferación de normativas estatales sobre IA en determinados Estados norteamericanos ha generado tensiones frente a marcos regulatorios más flexibles en otros países.

Aunque en Estados Unidos han surgido voces que alertan sobre la necesidad de establecer un marco normativo que delimite los usos de la IA y mitigue sus riesgos, estas preocupaciones no han impedido que, invocando razones de seguridad nacional, en diciembre se firmara una orden ejecutiva que limita la capacidad de los Estados para regular la IA de manera independiente. La apuesta pasa por una normativa federal unitaria que garantice el cumplimiento de determinados objetivos estratégicos.

Este enfoque invita a reflexionar sobre si se priorizarán adecuadamente principios como la transparencia, la rendición de cuentas por las decisiones algorítmicas, la mitigación de riesgos o la promoción de una innovación responsable. Se trata de elementos que inspiraban las normativas estatales aprobadas hasta la fecha y que se encuentran alineados con el marco regulatorio europeo en materia de IA, plasmado en el recientemente aprobado AI Act, basado en el control del riesgo y la protección de las personas frente a usos inadecuados de la tecnología.

Todo apunta a una intensificación de la competencia en el desarrollo y utilización de la IA en muchos ámbitos, incluidos los militares y de inteligencia, en un contexto de escaso control normativo a nivel global. Esta situación podría situar a la UE y su marco regulatorio garantista en una posible posición de desventaja competitiva, cuyas consecuencias resultan difíciles de anticipar.

No se trata únicamente de una cuestión económica, sino de un desafío con una dimensión en materia de seguridad y defensa de los Estados, determinante para su posicionamiento geopolítico y para el papel que desempeñarán en el escenario internacional futuro.

Todo ello sitúa a la Unión Europea ante una disyuntiva compleja: no puede permitirse quedar rezagada en este desafío tecnológico y estratégico, pero tampoco puede renunciar a la protección de los derechos fundamentales y la privacidad de los ciudadanos. Es imprescindible encontrar un equilibrio que permita avanzar en el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial respetando el marco jurídico que protege a las personas.