Fitch respalda la fortaleza de la economía española, pero alerta del bloqueo político

Con gran parte de la atención internacional centrada en Oriente Próximo, y con la duración y el alcance económico del conflicto aún por definir, trazar previsiones se ha convertido en un ejercicio incierto. En ese contexto volátil, España mantiene el tipo: la actividad resiste mejor que la de sus vecinos y el país ha registrado el mejor arranque del año entre las grandes economías europeas. Aun así, Fitch opta por la prudencia y reafirma la calificación en ‘A’, con perspectiva estable. La agencia considera que, pese al buen tono de los indicadores, todavía no hay visibilidad suficiente para revisar la nota.

La decisión llega después de un 2025 en el que las tres grandes agencias —S&P Global Ratings, Fitch Ratings y Moody’s— reconocieron los avances económicos del país y devolvieron a España la calificación perdida en 2012, en plena crisis de deuda que golpeó con especial intensidad a la periferia europea.

Al margen de la inestabilidad internacional, que añade ruido a cualquier evaluación, el hecho de que Fitch mantuviera la perspectiva en estable ya anticipaba que la revisión de este viernes no traería sorpresas. Antes de modificar una calificación, las agencias suelen mover primero la perspectiva, que actúa como señal del rumbo esperado. En caso de mejora, lo habitual es que ese paso esté precedido durante un tiempo por una perspectiva positiva.

La calificadora pone en valor el desempeño de la economía española y proyecta que la tendencia continúe. “2025 marcó otro año sólido para la economía española, con un crecimiento del PIB real del 2,8%, el doble del promedio de la zona euro (1,4%). Proyectamos un crecimiento del 2,5% para el conjunto de 2026, nuevamente muy por encima del 1,3% previsto para la zona euro”, señala en una nota.

La agencia también destaca los esfuerzos para garantizar la responsabilidad fiscal. Según sus proyecciones, tras la reducción del déficit por debajo del límite del 3% que fijan las reglas europeas, el mayor impulso de la actividad permitiría avanzar hasta el 2,4% al cierre del ejercicio, una décima menos que el año pasado. Además, Fitch prevé que en los próximos meses la deuda pública sobre el PIB (100,8% a cierre de 2025) caiga por debajo del 100%, un nivel que no se veía desde 2019, antes de la pandemia.

“En ausencia de nuevos Presupuestos desde 2023, las presiones de gasto se mantienen contenidas gracias a límites de gasto y a la aprobación por parte del Parlamento de medidas adicionales ley por ley a lo largo del año”, resaltan. La agencia añade que la retirada progresiva de las ayudas a la reconstrucción por la dana y la regularización de 500.000 migrantes contribuyen a compensar, en el corto plazo, las presiones fiscales derivadas del aumento del gasto en pensiones en 2026, de las ayudas temporales por inundaciones en Andalucía y Extremadura y de las subidas salariales del sector público a partir de 2027.

Pero no todo son elogios. La agencia acompaña su valoración con un tirón de orejas al Gobierno por la dificultad para aprobar nuevos Presupuestos. “Consideramos cada vez menos probable que se aprueben nuevos Presupuestos antes de las elecciones de 2027 debido a la persistente fragmentación parlamentaria”, apunta. A su juicio, pese a los buenos resultados de los últimos años, la falta de una agenda fiscal formal limita la implementación de reformas estructurales y eleva la incertidumbre sobre la capacidad para absorber futuras presiones de gasto cuando el impulso de los ingresos se modere. El aumento de la recaudación tributaria y los récords de empleo fueron dos de las palancas que permitieron al Tesoro recortar en 5.000 millones la emisión de deuda pública el ejercicio pasado.

Junto a la fragmentación política, la agencia señala la escasez de vivienda como una de las principales vulnerabilidades y una fuente creciente de presión para los hogares. “La rápida subida de los precios de la vivienda está aumentando los problemas de accesibilidad. Los precios inmobiliarios acumulan un aumento cercano al 47% desde 2020”, destaca. En contraste con el auge inmobiliario previo a la crisis financiera —cuando se construyeron demasiadas viviendas y se relajaron los estándares crediticios— el problema actual es otro: la falta de oferta. “Los criterios de concesión de crédito se han mantenido sólidos y el endeudamiento de los hogares sigue reduciéndose”, añade la agencia.

Hace seis meses, las agencias concedieron un reconocimiento explícito a unos avances que el mercado ya había descontado. Aunque las calificadoras habían optado por la cautela, el coste exigido por los inversores para financiar a España era desde hacía tiempo inferior al de países como Francia, pese a que este aún conservaba una nota más alta. Hoy esas diferencias se han estrechado. Según Fitch, España mantiene un rating de ‘A’, por debajo del ‘A+’ que da a Francia, mientras que S&P Global sitúa a ambos en ‘A+’. Las primas de riesgo, no obstante, continúan reflejando diferencias: el diferencial entre el bono español y el alemán ronda los 51 puntos básicos, frente a los 69 del francés.

La próxima oportunidad para que las agencias revisen al alza la nota de España llegará el 11 de septiembre, cuando S&P Global, Fitch y Scope volverán a analizar la solvencia del país. Antes, el 17 de julio, será el turno de Moody’s. A la espera de esas citas en el calendario, la economía española navegará entre la solidez que muestran los datos y las sombras de un entorno internacional enmudecido por los conflictos. Las agencias tomarán entonces su decisión. Hasta que llegue ese momento, el país seguirá sometido a un escrutinio silencioso en el que cada décima de crecimiento y cada punto de deuda pesan más de lo que parecen.