El nuevo marco retributivo del gas, una decisión sobre el futuro de nuestra seguridad energética
Alcanzar un equilibrio que corrija los desajustes del actual modelo será condición imprescindible para no comprometer las inversiones que requieren las redes
El inicio de 2026 coloca a la política energética española ante una de las decisiones más relevantes de los últimos años: la revisión del marco retributivo de las actividades reguladas del sistema gasista para el periodo 2027-2032. Aunque pueda parecer un debate técnico, sus implicaciones son profundamente estratégicas. De cómo se resuelva dependerán la seguridad de suministro, la competitividad industrial y la capacidad real del país para avanzar en la transición energética durante la próxima década.
El sector gasista llega a esta revisión tras atravesar unos años definidos por una coyuntura macroeconómica singularmente adversa. La inflación acumulada durante el segundo período regulatorio (2021-2026) supera el 21%, mientras los precios industriales han aumentado más del 40% y el coste de la deuda corporativa, en torno a 300 puntos básicos.
En este contexto, los ingresos regulados de las actividades de transporte, regasificación y distribución, columnas vertebrales del sistema, han acusado una caída acumulada cercana a los 2.500 millones de euros, lo que supone una merma superior al 16% con respecto al periodo regulatorio anterior. España se sitúa hoy entre los países europeos con un retorno retributivo más bajo para las infraestructuras gasistas.
La situación evidencia que el modelo vigente no estaba preparado para absorber las tensiones extraordinarias a las que ha sido sometido, dando lugar a un acusado desajuste entre los costes reales que asumen los operadores del sistema y la retribución reconocida. En caso de persistir, este desequilibrio terminará comprometiendo la sostenibilidad económica y operativa del sistema a medio y largo plazo y, con ella, la seguridad energética de millones de consumidores.
Asegurar una rentabilidad justa y razonable constituye un requisito imprescindible para blindar la resiliencia que el sistema gasista ha demostrado en episodios recientes. En la memoria de todos están el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, la dana de octubre de 2024 o el temporal Filomena en enero de 2021.
La eficaz respuesta del sistema reveló hasta qué punto las infraestructuras gasistas constituyen un pilar imprescindible del sistema energético nacional, levantado sobre una visión a largo plazo: planificación rigurosa, inversiones constantes y decisiones operativas estratégicas sostenidas en el tiempo.
Hoy estas infraestructuras vehiculan cada año más de 300 teravatios hora, más que cualquier otra red energética del país. Además, el papel que desempeñan los ciclos combinados de gas resulta fundamental para la seguridad de suministro eléctrico. Su potencia flexible permite dar una respuesta operativa inmediata a unas puntas de demanda cada vez más exigentes o eventuales disrupciones cuando las energías renovables, dado su carácter variable e intermitente, no pueden hacerlo.
Interés nacional y europeo
El sistema gasista español, integrado por una extensa red de gasoductos, plantas de regasificación, almacenamientos subterráneos y conexiones internacionales, constituye una infraestructura crítica de interés nacional, pero también europeo. De forma inequívoca quedó demostrado entre 2022 y 2025, cuando las reexportaciones de gas contribuyeron de forma solidaria con el resto de Europa a mitigar el impacto de la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.
La importancia de las redes gasistas cobrará una nueva dimensión en el futuro al permitir la integración de los gases renovables, en particular el biometano y el hidrógeno de origen renovable. El despliegue a gran escala de estos dos vectores, indispensables para la transición energética, requerirá la modernización y digitalización de unas infraestructuras que deben ser económicamente sostenibles.
Por todas estas razones, el proceso de revisión del marco retributivo del sector comportará la toma de decisiones de enorme trascendencia para el provenir de nuestro sistema energético. Alcanzar un marco de equilibrio que corrija los desajustes del actual modelo será condición imprescindible para no comprometer las inversiones que requieren unas redes eficientes y dispuestas a atender las irrenunciables demandas del proceso de descarbonización, y las perentorias exigencias de seguridad y autonomía energéticas del país. Ninguna de ellas será viable sin un marco regulatorio que aporte estabilidad, previsibilidad y una rentabilidad justa y razonable.
Todos los actores, públicos y privados, somos conscientes de que es mucho lo que está en juego. En la convicción de que compartimos objetivos, compromisos e inquietudes descansa nuestra confianza de que sabremos preservar los valiosos activos estratégicos que constituyen hoy nuestras infraestructuras gasistas. La oportunidad está sobre la mesa. Aprovecharla es una responsabilidad colectiva.