El vehículo eléctrico español, del esperado hasta el momento

El despliegue del vehículo eléctrico en España ha sido una de las incertidumbres que siempre ha acompañado a nuestra transición energética. La relevancia de electrificar el transporte y proporcionarle las infraestructuras necesarias para lograrlo radica en que es el sector que más emisiones de CO₂ –además de los gases contaminantes dañinos para la salud pública– emite a la atmósfera anualmente.

El crecimiento de las matriculaciones eléctricas fue inicialmente lento, pero la tendencia ha virado: aunque aún hay mucho por avanzar, España ahora avanza en la dirección correcta, como demuestran los datos. En 2023, al comenzar la legislatura, la cuota de vehículos eléctricos en España era del 5,4%, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). En Europa, ese mismo año, la cifra alcanzó el 14,6%, según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA). En los últimos dos años, España ha elevado su porcentaje hasta el 14,5%, un incremento del 168%, mientras que la cuota europea actual se sitúa en el 18,2%.

España ha acortado la distancia con los datos de electromovilidad de la Unión Europea. Las matriculaciones del último año muestran un giro definitivo, superando por primera vez la barrera de las 100.000 matriculaciones anuales de turismos eléctricos.

El Gobierno tiene la oportunidad de afianzar el cambio y, en los últimos meses, ha dado avances significativos hacia ese fin. Un buen ejemplo, el más reciente, es el anuncio del Plan Auto+, que representa una transformación profunda respecto al enfoque rígido del Moves. Ahora, las subvenciones para la compra de vehículos eléctricos llegarán directamente al concesionario y se aplicarán al instante en la factura de la adquisición. Es decir, el comprador ya no deberá anticipar el costo de la ayuda hasta que el Estado la apruebe. Este cambio fundamental espera impulsar a muchos usuarios a dar el paso y abandonar definitivamente las opciones fósiles al reemplazar su coche.

Sirva esta tribuna para expresar mi reconocimiento y respaldo a la determinación del Gobierno de España al denunciar el giro de la Comisión Europea respecto al aplazamiento de la fecha límite para la matriculación de vehículos de combustión interna.

Es positivo, asimismo, que se haya establecido un tope para las subvenciones a los vehículos eléctricos que superen los 45.000 euros. En el mercado existen turismos eléctricos accesibles, y el Estado no debe actuar como impulsor de productos de lujo. Sin embargo, no comparto que las ayudas a las marcas que producen fuera de Europa sean un 25% inferiores. La defensa de la industria automotriz, más preocupada por presionar para retrasar la transición de los vehículos de combustión a los eléctricos, no debe obstaculizar que los consumidores puedan acceder a vehículos de batería en las condiciones económicas más favorables, incluso si han sido fabricados en China. Promover la competencia y avanzar hacia la electrificación del transporte no puede lograrse únicamente mediante el proteccionismo industrial.

También avanza en la buena dirección la deducción del 15% del IRPF para la adquisición de vehículos eléctricos. Es necesario otorgar incentivos fiscales, pero también es fundamental destacar que resulta igual o más relevante suprimir privilegios como la bonificación del diésel, así como imponer sanciones económicas a la compra de automóviles contaminantes. En resumen, debemos lograr que la combustión interna deje de ser rentable, convirtiéndola —de forma progresiva en el tiempo— en una alternativa mucho menos ventajosa que el coche eléctrico. Reviste especial relevancia la necesidad de reformar la composición de las flotas de autobuses y reforzar la tendencia hacia su electrificación.

Pero la electromovilidad no se reduce solo a los vehículos. Las políticas públicas destinadas a fortalecer la red de puntos de recarga son uno de los pilares más clave para lograr la adopción de motorizaciones eléctricas en el mercado español. La publicación, durante esta legislatura, del mapa oficial de estaciones de carga, la aplicación Reve, desarrollada por Red Eléctrica, representa un avance significativo. Esta ha permitido acceder a información en tiempo real sobre espacios de carga activos, en uso, potencias, entre otros datos. Además, la puesta en marcha de esta herramienta ha venido acompañada del reglamento AFIR (Infraestructura de Combustibles Alternativos), que exige instalar cargadores rápidos cada 60 kilómetros en las principales autopistas y autovías del país. Aún queda pendiente mejorar la información pública en las vías, integrando en la señalización física la ubicación de electrolineras.

Aún persiste la compleja tarea de contar con un mandato efectivo que facilite la instalación de puntos de carga en plazas de aparcamiento privadas dentro de edificios residenciales, permitiendo llevar a cabo la necesaria adaptación de los cuadros de contadores, y estableciendo la obligación de agilizar este proceso para las comunidades de propietarios.

Es necesario reconocer que las políticas implementadas han contribuido a modificar la tendencia, acercando al país a los niveles de la Unión Europea. Ahora, el propósito debe ser alcanzar la vanguardia, y para eso se requieren reformas ambiciosas, como las que ya llevó a cabo Portugal, para impulsar aún más la electrificación del transporte.

Sería imprescindible establecer una red unificada que homogenice los sistemas de pago, pues hoy en día para recargar se necesita la aplicación de cada operador, o bien implementar una normativa que permita pagar directamente con tarjeta de crédito o en efectivo, sin recurrir a la app móvil. Asimismo, es fundamental impulsar medidas que descarbonicen las flotas empresariales de vehículos, lo cual no solo reduce las emisiones en la actualidad, sino que también facilita la electrificación del mercado de vehículos usados, ya que muchos de estos automóviles terminan en las plataformas de ocasión tras recorrer pocos kilómetros.

España está dispuesta a dar el paso, y los consumidores están preparados para abandonar el diésel y la gasolina. Este giro no puede ser meramente pasajero, sino el comienzo de una transformación inevitable. Los fabricantes deben dejar de buscar pretexto y comprometerse firmemente con un cambio que no solo es lucrativo, sino que también mejorará la salud de nuestras ciudades y disminuirá las emisiones de CO₂ que calientan el planeta.