Coqueteando con otro apagón eléctrico
Cerrar las centrales nucleares no puede ser lo único que se cumpla del Pniec

Un Gobierno sin más punto de unión que resistir está dando pábulo, con su silencio, al surgimiento de aquellos que fueron capaces, hace 20 años, de llegar a una posición antinuclear y siguen aferrados a ella por comodidad, ya que la actual complejidad de un mundo donde pocas cosas siguen igual que entonces hace muy difícil adaptar tus pensamientos, sobre todo cuando se han convertido en dogmas. Así, ante el silencio del Gobierno, que ha dado el trámite burocrático de la patada a seguir en el Consejo de Seguridad Nuclear a la petición de las compañías para proceder a una moratoria de tres años al cierre nuclear previsto, están proliferando papeles, a cuál más apocalíptico y menos riguroso, sobre cómo dicho aplazamiento (repito: de tres años) significaría la hecatombe para nuestro país y la condenación de nuestro paraíso verde.
Poco importa que seamos el único, repito, el único país del mundo que sigue manteniendo planes de cierre de nucleares (el resto, como Bélgica, incluso con ayudas públicas autorizadas por la comisaria Ribera, ha decidido prorrogar su vida útil o tienen planes de instalarlas), en contra de la recomendación explícita del informe Draghi; poco importa que haya un renacer de la energía nuclear en el mundo, con unos 70 reactores en construcción y otros 120 programados; poco importa que la técnica haya avanzado tanto en seguridad, como en residuos, o, incluso, en minicentrales; poco importa que haya países, como China, que van a ser líderes, a la vez, en instalación de placas solares (340 gigavatios -GW- en construcción) y en centrales nucleares (casi 30 en desarrollo), demostrando que no hay incompatibilidad entre ambas tecnologías; poco importa que la Comisión Europea, de la mano de la comisaria Ribera, refuerce su apuesta por la nuclear como parte esencial de la descarbonización; poco importa que la Comisión prevea la necesidad de más de 250.000 millones de euros de inversión en ampliar la capacidad nuclear en la UE para 2050; poco importa que el BEI, presidido por Nadia Calviño, abra líneas de financiación verde para la nuclear.
Pero no basta con que las decisiones en torno a la energía se basen en la ciencia y la experiencia, sino que también exigen una revisión de las condiciones de las que se derivan, y en este caso, la necesidad de una política de la energía en el ámbito de la política, y la posibilidad de que se produzca una reevaluación de la política, el plan y la operación de la energía, y la posibilidad de la planificación y la operación de la energía, y la planificación y la operación de la energía, y la planificación y la operación de la energía, y la planificación y la operación de la energía, y la planificación y la operación de la energía, y la planificación y la operación de la energía, y la planificación y la operación de la energía, y la planificación y la operación, y la planificación, y la operación, y la planificación, y la operación, y la planificación, y la planificación, y la planificación, y la planificación, y la planificación, y la planificación, y la planificación, y la 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El PSE, revisado en 2023, mantiene su compromiso con la transición energética, pero el cálculo de sus proyecciones revela que el cálculo de la demanda y la capacidad de generación no son compatibles con los límites reales de la infraestructura.
Y a estas alturas, aún se mantiene la expectativa de que el crecimiento en energías renovables se materialice, pero la realidad muestra que el avance ha sido mucho más lento de lo previsto. La expansión prevista en la capacidad de generación se ha visto severamente restringida, y los pronósticos iniciales se han revelado como excesivamente optimistas. El impulso hacia la electrificación se ha topado con límites reales: la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento no ha seguido el ritmo previsto, y en muchos casos, las redes eléctricas no han podido absorber la demanda. Incluso, el transporte por vehículos eléctricos —a pesar de ser promovido como la solución clave— se ha topado con límites técnicos y de infraestructura. La realidad es que, a pesar de las proyecciones optimistas, el avance real ha estado lejos de lo previsto, y el retraso en la implementación de infraestructuras críticas ha obligado a reevaluar no solo las metas, sino también la viabilidad misma de los plazos fijados.
El resultado es un exceso de producción que no se puede absorber, lo que lleva a que los precios se derrumben y los inversores enfrenten pérdidas. En este contexto, la energía eólica se convierte en un activo subutilizado, y su exceso genera un excedente que no puede ser absorbido por la red. Esto provoca que los inversores pierdan confianza, mientras que los costos de operación siguen aumentando sin una contrapartida adecuada en ingresos.
A estas alturas, el consenso entre expertos y el sector es de serio incumplimiento de las previsiones del Pniec para 2030, fecha a la que llegaremos con grandes desajustes e insuficiencias en la oferta, tanto de renovables como de hidrógeno verde, biometano o biomasa. En esa situación de incumplimiento generalizado, ¿resulta prudente pensar que lo único que se cumplirá será el calendario de cierre de las nucleares y que para 2030 estarán ya cerradas Almaraz I y II, así como Ascó I? ¿Algún responsable político puede asumir esa realidad, que, sin duda, generará tensiones fortísimas en el sistema eléctrico español, incluyendo fluctuaciones en las redes y, con alta probabilidad, apagones? ¿No sería prudente una bajada a la realidad del Pniec, incluyendo una moratoria al cierre nuclear, aunque solo fuera por responsabilidad?
Creo que España debería revisar su enfoque, pues las centrales ya no pueden seguir operando como hasta ahora; lo cierto es que el cierre progresivo de estas instalaciones ya es inevitable, y lo que sí debe mantenerse es el compromiso con las energías limpias.