El Supremo rechaza restringir a Indra y EM&E el acceso íntegro a la demanda de Santa Bárbara por los contratos de artillería

El litigio que enfrenta a Santa Bárbara con Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por las ayudas públicas para el desarrollo de la futura artillería del Ejército de Tierra, ha comenzado a dar sus primeros pasos en el Tribunal Supremo. La filial española de la estadounidense General Dynamics, que busca paralizar los 3.002 millones en préstamos al 0% de interés, solicitó proteger ciertos documentos y fragmentos de su recurso para evitar que las demandadas pudieran conocer determinados detalles. Sin embargo, el alto tribunal ha rechazado esta petición al entender que eso podía afectar al derecho de defensa tanto de las dos empresas adjudicatarias, así como otras personadas en el procedimiento, como Telefónica y Oesía, de acuerdo a un auto con fecha del pasado 18 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico.

Santa Bárbara pidió ante el Tribunal Supremo la nulidad de dos apartados del real decreto del 14 de octubre de 2025 por el que el Ministerio de Industria concedía esta ayuda plurianual a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las dos compañías que dirigen los hermanos Escribano ―que exploran fórmulas de integración de ambas firmas― con el objetivo de prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar del Gobierno. Esta subvención supone un apoyo clave para estas dos compañías, ya que tienen que desarrollar desde cero unas capacidades con las que no cuentan.

El recurso se presentó a mediados de diciembre, poco después de que fueran adjudicados por el Ministerio de Defensa. En concreto, el contrato para la artillería sobre ruedas asciende a unos 2.686 millones y el préstamo es de 1.181 millones; mientras que la adjudicación para el sistema de artillería de cadenas se eleva a 4.554 millones y la prefinanciación es de 1.821 millones de euros.

En dicho escrito, Santa Bárbara pidió que se adoptaran medidas previstas en la Ley de Secretos Empresariales para limitar el acceso de Indra y EM&E a una decena de documentos que podían contener información con relevancia empresarial. En concreto, solicitó que dichos archivos se restringieran a un número limitado de personas y la prohibición de difusión y revelación, que se extendería tanto a abogados y procuradores, como personal de la Administración de Justicia, testigos y peritos.

Recortes de documentos a otras empresas

Debido a que la impugnación se dirigió contra todo el real decreto, otras empresas beneficiarias de ayudas públicas y, por consiguiente, adjudicatarias de otros contratos han podido personarse en el procedimiento. Es el caso de Telefónica (en UTE con Indra en otro contrato) o el de la unión de Cipherbit —empresa del grupo Oesía— y Epicom —compañía especializada en criptografía que antes pertenecía a Duro Felguera, pero que ahora se reparten Indra y Oesía con un 30% cada una, mientras que el Estado posee el 40% restante—.

Con respecto a ellas, Santa Bárbara planteó que únicamente se les diera traslado de la documentación necesaria para armar su defensa, pero con límites porque, según expuso, no tienen por qué tener acceso a los motivos de impugnación ni a la documentación asociada a los contratos de ruedas y cadenas. Así, propuso que solo tuvieran acceso a “extractos” de la demanda y a parte del escrito en el que solicitó la medida cautelar de suspensión de los proyectos.

El Supremo, que aún no se ha pronunciado sobre la medida cautelar de suspensión de las ayudas públicas, ha abordado esta petición. El tribunal explica en un auto que no ve la necesidad de que varios documentos estén bajo una estricta custodia porque se trata de documentos que la demandante aportó de manera voluntaria al procedimiento y que “presumiblemente son relevantes para la decisión del litigio pues en caso contrario resultaría innecesaria su incorporación”.

Así, sobre la petición de recortar el contenido de los escritos que se pasan a Telefónica u Oesía, los magistrados consideran que es algo “extravagante” y no es “conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva”, ya que puede afectar a su derecho de defensa. “Las empresas codemandadas, todas ellas, con independencia de las razones por los que se apreció su legitimación para poder personarse como parte en estas actuaciones, tienen derecho al contenido íntegro de los escritos que se presenten”, concluye el alto tribunal.

En este sentido, los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo recuerdan que todas la partes personadas en el proceso tienen “un deber de reserva y confidencialidad sobre toda la información y documentos a los que tengan acceso en el ejercicio de sus funciones”, pero aseguran que no pueden “ejercer un control sobre el número de personas” que accedan a dicha información, una vez que se trasladen a los procuradores y abogados de las partes personadas.

Pendiente de un recurso de alzada

En un primer momento, Santa Bárbara apuntó sus cañones a ese real decreto que fijaba las ayudas públicas de 3.002 millones de euros, aunque el conflicto judicial se extenderá, previsiblemente, a los contratos en sí, que en conjunto ascienden a 7.240 millones. Contra ellos, Santa Bárbara ha presentado un recurso de alzada, que es una herramienta previa a la vía judicial. La filial española de la estadounidense General Dynamics avisó en el escrito de medidas cautelares de suspensión de las ayudas, que también “recurrirá y solicitará la suspensión de las correspondientes adjudicaciones tan pronto se produzcan y conozcan por esta parte”.

Su principal argumento es que ni siquiera fue invitada al procedimiento negociado sin publicidad que tramitó el departamento que dirige Margarita Robles, según reveló el alto tribunal en una resolución del pasado 22 de diciembre, en el que denegó habilitar el periodo navideño para resolver las medidas cautelares. Santa Bárbara defiende que ellos ya tienen las capacidades necesarias para responder a estos contratos —ellos proponían el sistema de artillería blindanda Némesis—, en contraste con Indra, que se ha convertido en su principal rival por las plataformas terrestres militares en España.

Por el momento, el asunto se encuentra en el ámbito administrativo, donde Santa Bárbara ha pedido al Ministerio de Defensa que suspenda los contratos, que han recibido una primera negativa por parte de la Secretaría de Estado. La compañía presentó un recurso de alzada el pasado 22 de enero, al que el Ministerio de Defensa tiene tiempo de responder hasta el próximo 22 de abril. Si la respuesta no es la esperada, Santa Bárbara podrá acudir a los tribunales. De hecho, ya ha anunciado en un comunicado que irá a la Audiencia Nacional si no se aceptan las medidas cautelares.