La industria de defensa teme que el milmillonario gasto militar del Gobierno solo llegue a las grandes empresas
Un informe de la consultora EY señala que, pese a todo, hay consenso en el sector sobre la necesidad de crear grandes compañías que tiren del resto
La industria militar española es consciente de que se encuentra en un momento único tras largos años de travesía por el desierto, según se desprende del último informe de EY sobre el sector de la defensa en España. En el documento, llamado La industria española de Defensa: 10 claves para aprovechar una oportunidad histórica, se observa que el conjunto del sector, tanto grandes como pequeñas empresas, creen que el aumento de la inversión pública continuará hasta el periodo 2030-2035, lo que asegura en torno a una década de bonanza para una actividad en la que España carece de empresas del tamaño como las que tienen países como Alemania, Francia o Italia.
Uno de los principales instrumentos puestos en marcha por el Gobierno para aumentar el gasto en defensa hasta el equivalente al 2% del PIB el año pasado, fue el lanzamiento de 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) para mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas. Entre ellos destacan algunos programas como los de la artillería pesada sobre ruedas y cadenas, dos contratos que han sido adjudicados a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), por valor de 7.240 millones de euros —Santa Bárbara, que aspiraba a quedarse con ellos, denunció las ayudas públicas por más de 3.000 millones aprobadas por Industria para estos proyectos y ha presentado un recurso de alzada contra los contratos en sí—. Sin embargo, entre las pymes entrevistadas para la elaboración del informe (fueron un total de 31 entrevistas) existe el temor generalizado de que los milmillonarios contratos públicos se queden en las grandes compañías y no rieguen al resto del ecosistema.
“Hay un gran temor en las pymes de que toda la atención del Ministerio se vuelque con las grandes empresas y que no puedan participar de estas oportunidades en las condiciones adecuadas, incluso quedándose fuera del flujo de financiación o de que ésta llegue con excesivo retraso”, explica el estudio. En el caso de los PEM, Indra, Airbus y Navantia concentraron la inmensa mayoría de los contratos.
Aun así, tanto pequeñas como compañías de mayor tamaño son conscientes de la necesidad de crear “empresas tractoras” —rehúyen del concepto de “campeón nacional— que tiren del resto del sector. “Existe una opinión compartida de que es lógico que los órganos de contratación se apoyen en las grandes empresas para dar respuesta a las urgencias y necesidades del momento actual”, continúa el estudio, en el que se explica a su vez que en el sector hay consenso en torno a la idea de que puede producirse “una ola de consolidación empresarial, dados los incrementos de presupuestos esperados, con fusiones y adquisiciones como vías para ganar tamaño”.
La mayor operación que se discute en este momento es la fusión de Indra y EM&E, que ambas compañías ya están negociando, pero de la que el Gobierno (máximo accionista de Indra a través de la SEPI con el 28% del capital) recela por el conflicto de intereses de los máximos directivos de ambas. El fondo activista Third Point, nuevo accionista de la tecnológica con una participación inferior al 3%, envió una carta a la SEPI en la que alertaba de que poner palos en la rueda de esta operación estaba provocando una pérdida de valor en Bolsa para Indra.
El desafío de cumplir con el 2% del gasto
En el estudio de EY se observa que el sector está centrado ahora mismo en poder dar respuesta al desafío que supone haber aumentado el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. La industria no especula, de momento, con un posible crecimiento hasta el 5% del PIB, que es la meta que se han puesto los socios de la OTAN para la próxima década (España solo se ha comprometido a llegar al 2,1%). “Sin la participación real de todo el ecosistema de empresas grandes y pequeñas, nacionales e internacionales, dotarse de las capacidades militares que necesita España en tiempo y forma parece una tarea ímproba”, asegura en el estudio Jesús Sánchez Bargos, presidente y consejero delegado de Thales en España.
Además de la coordinación, el sector pide mayor financiación con más rapidez, sobre todo para las pymes. En este sentido, la industria militar se ha enfrentado a varios problemas en los últimos años: la falta de financiación por parte de la banca privada, excepto de los grandes bancos estadounidenses, por la mala imagen del sector; y la excesiva burocracia de fondos públicos como los europeos. “El acceso a financiación convencional sigue siendo un obstáculo debido a los criterios de responsabilidad social corporativa que requieren ser revisados”, afirma el informe de EY.
En este contexto, el que ha emergido como una posibilidad de dinero fresco para el sector de defensa ha sido el capital privado, con fondos como el lanzado por Pablo Casado, llamado Hyperion, o el nuevo fondo de inversión de Indra. “El elemento de acceso a la financiación cobra especial importancia ante el necesario impulso a la I+D+i”, indica el estudio.