Competencia, sí; pero, ¿a qué coste?: qué puede pasar si abrimos WhatsApp sin control

La Comisión Europea ha enviado un ‘pliego de cargos’ a Meta por haber bloqueado el acceso de terceros operadores de IA a su red de WhatsApp. La medida fue anunciada el 15 de octubre de 2025 y ejecutada el pasado 15 de enero.

Puede que la decisión de Bruselas se observe como una guerra entre Bruselas y Silicon Valley o como la batalla entre Europa y Estados Unidos. En realidad es una guerra que se lleva librando desde hace tiempo donde las autoridades europeas han impuesto multas millonarias a Meta por impedir la libre competencia en sus redes y ha advertido del riesgo del uso de los datos de carácter personal. El Tribunal de Justicia de la UE ha sacado la tarjeta amarilla porque la acumulación de datos personales no sólo es un riesgo para la intimidad de los usuarios, sino que permite a Meta mover e incluso crear mercado.

Sin embargo, hay un elemento relevante que quizás Bruselas no ha tenido en cuenta: ¿cuál es el coste en términos de seguridad de abrir el mercado a la competencia? Es verdad que la privacidad es relevante y que la garantía de respeto a las reglas del libre mercado son claves de la arquitectura europea. Pero, ¿quién vela por la seguridad?, ¿acaso no es relevante para el usuario?, ¿por qué parece que las autoridades europeas lo ponderan su importancia?

WhatsApp sostiene que sus mensajes están cifrados por defecto de extremo a extremo para los que ha invertido muchos millones de euros. Abrir la plataforma a terceros operadores incrementaría notablemente el riesgo para el usuario: más integraciones, más puntos de posible fallo, más oportunidades para el phishing, el spam o incluso la ingeniería social.

Por eso creemos que hay que garantizar la seguridad y -en todo caso- practicar una intervención moderada, medida, equilibrada. Porque una apertura total como parece que pretende la Comisión podría colocarnos a los ciudadanos europeos en una vulnerabilidad absolutamente innecesaria.

Desgraciadamente, las estafas digitales han pasado de ser una realidad relativamente marginal para convertirse en estructurales y casi industriales. Europol reporta millones de víctimas de estafas online: fraudes de inversión, phishing… Para muestra, un botón: el pasado mes de diciembre Europol reportó la detención de los responsables de una red de fraude cripto que habría blanqueado 700 millones de euros.

Además, investigaciones periodísticas europeas han señalado pérdidas anuales superiores a 4.000 millones de euros en la UE vinculadas a anuncios financieros fraudulentos online, difundidos -en buena parte- a través de grandes plataformas. Los fraudes son -además- cada vez más sofisticados y creíbles. Por eso, abrir el canal sin control a una población como la europea, envejecida y con menos recursos para detectar el fraude sería -en nuestra opinión- irresponsable.

Es verdad que la Comisión podría aplicar medidas cautelares si observara un daño “grave e irreparable” para la competencia, según señala el art. 8 del reglamento 1/2003. Pero no parece que estemos en ese escenario. Por eso quizás sería más prudente un acercamiento al problema más paulatino y equilibrado garantizando siempre la seguridad del usuario.

Por ejemplo, podría exigirse el acceso no discriminatorio, pero escalonado y verificable: es decir, sólo podrán participar si demuestran con evidencias el cumplimiento de las garantías de privacidad. Para ello, deberían de tener una certificación técnica y prohibir además el uso secundario de los datos además de someterse a auditorías y trazabilidad. Y desde luego si un tercero usa el canal para estafas tendría que poder ser suspendido de manera inmediata con procedimientos transparentes y supervisables.

La UE se apoya en el principio de “proporcionalidad”, es decir, no actuar más de lo necesario para lograr el objetivo buscado. Y en este caso, hay un doble objetivo: garantizar la competencia, pero al mismo tiempo, garantizar la seguridad de las comunicaciones y la protección de los usuarios frente a las estafas. No tiene por qué elegir entre mercados abiertos y ciudadanos protegidos. Encajar ambos objetivos no es fácil, pero no es imposible.