Regularización extraordinaria de migrantes en España: un mecanismo eficaz de integración laboral y reducción de economía informal
El impacto previsiblemente será desigual según la nacionalidad y los patrones de inserción en el mercado de trabajo
Uno de los anuncios más destacados de las últimas semanas ha sido la futura regularización extraordinaria de personas migrantes en España. A falta de conocer el texto definitivo (actualmente se encuentra en fase de audiencia pública), el objetivo de esta iniciativa es regularizar a las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en nuestro país en el momento de presentar la solicitud, siendo requisito imprescindible no contar con antecedentes penales.
Se trata de un proceso que emana de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas, guardada en el cajón durante largo tiempo. Por eso cabría pensar que este proceso llega tarde y que, con un poco más de voluntad política, la situación de las personas que se beneficiarán de ella podría haber mejorado desde mucho antes.
En cualquier caso, la iniciativa, orientada a flexibilizar los requisitos para la regularización administrativa vinculada al empleo, plantea cuestiones relevantes desde una perspectiva jurídico-laboral y de extranjería.
Su alcance no debe evaluarse únicamente como una modificación procedimental, sino como una herramienta de formalización de relaciones laborales preexistentes en la economía sumergida.
Desde un punto de vista material, el impacto previsiblemente será desigual según la nacionalidad y los patrones de inserción en el mercado de trabajo. Resultarán particularmente beneficiados colectivos con mayor exposición estructural a la irregularidad administrativa —especialmente personas procedentes de A mérica Latina, el Magreb y determinadas regiones africanas— cuya presencia se concentra en sectores como cuidados, hostelería, agricultura o construcción. La medida incide, por tanto, en ámbitos donde la acreditación documental ha constituido históricamente una barrera de acceso a la regularización.
Por otro lado, especial relevancia jurídica tiene la supresión del requisito de aportación del certificado de empadronamiento. Este requisito había operado como obstáculo material para acreditar la residencia efectiva, generando situaciones de exclusión indirecta para personas sin acceso a vivienda formalizada. Su eliminación desplaza la valoración administrativa hacia un sistema probatorio más abierto, en el que pueden adquirir valor acreditativo otros elementos tales como documentación sanitaria o educativa, informes de servicios sociales, justificantes de remesas, acreditaciones de entidades sociales o prueba testifical. Ello exige, no obstante, criterios interpretativos homogéneos para preservar los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la norma.
En términos de relaciones laborales, la regularización presenta efectos positivos en ambas posiciones contractuales. Para el empleador, supone reducción de riesgos sancionadores, mayor previsibilidad organizativa y acceso a mano de obra formalmente incorporada al sistema. Para el trabajador, implica el acceso efectivo a derechos laborales y de Seguridad Social, con la consiguiente disminución de situaciones de vulnerabilidad y explotación.
Además, de cara a la persona migrante, cabe destacar también la agilidad del proceso y sus efectos inmediatos: la admisión a trámite de la petición ya dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder al resto de derechos como residente, a lo que se suma un plazo de respuesta por parte de la Administración sumamente breve, de tan solo 15 días.
Por último, hay que recordar el efecto positivo de este tipo de medida para el sector público: existen estudios que apuntan que la legalización de la situación laboral de las personas migrantes aumenta los ingresos públicos entre 3.000 y 4.000 euros por empleado. No solo aflora el empleo irregular, sino que aumentan las cotizaciones y los ingresos públicos.
En definitiva, la flexibilización probatoria y documental puede configurarse como un mecanismo eficaz de integración laboral y reducción de economía informal, siempre que su aplicación administrativa se rija por criterios técnicos consistentes. Su eficacia dependerá menos del diseño normativo que de su implementación práctica y de la capacidad de garantizar una regularización real, y no meramente formal.