Colapso en Extranjería y estafas de hasta 1.000 euros: la otra cara de la regularización

El anuncio de la regularización extraordinaria de hasta medio millón de inmigrantes en España ha abierto un intenso debate político, jurídico y social. Sobre el papel, la medida ofrece estabilidad a cientos de miles de personas. Sin embargo, los expertos advierten de un posible cuello de botella administrativo si la avalancha de solicitudes se concentra en pocos meses y no hay refuerzo de personal. El riesgo: que personas regularizables queden atrapadas durante semanas o incluso meses sin poder trabajar legalmente. Además, algunos están aprovechando la urgencia y el posible desconocimiento legal de los migrantes para hacer negocio.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha indicado que el Ejecutivo prevé que el plazo para presentar las solicitudes comience a principios de abril y concluya el próximo 30 de junio. No obstante, aún se está cocinado el texto definitivo del real decreto, la base legal imprescindible para hacer efectivo el proceso. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones aseguran a CincoDías que ya han recibido 350 aportaciones y consultas en la fase de audiencia pública de la norma.

Mientras, los expertos en extranjería ponen el dedo en el plano más pragmático de esta regularización extraordinaria. Y es que el éxito real del proceso puede depender de la capacidad administrativa para asumir la avalancha de peticiones. “Tres meses pueden servir para ordenar la entrada de solicitudes, pero la clave no es el calendario, sino la capacidad operativa real del sistema”, señala Guillermo Valderrábano, fundador y director de ExtranjeríaClara.com. Para evitar el colapso, defiende que hay que asumir un refuerzo temporal de personal de extranjería, publicar checklist y guías detalladas, y unificar criterios a nivel nacional. La interpretación variable es un “problema histórico en extranjería”, lamenta.

“El interrogante central no es si el Estado puede aprobar una regularización extraordinaria, porque jurídicamente puede hacerlo, sino si está en condiciones de ejecutarla sin comprometer el funcionamiento ordinario del sistema migratorio”, coincide Amauriz Ramírez, abogado de extranjería y presidente de la sección de extranjería del JAC (Jóvenes Abogados de Catalunya) en una tribuna publicada en este medio. El sistema, ya de por sí tensionado, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, recibirá cientos de miles de solicitudes en una ventana de tres meses. La concentración temporal de una medida tan masiva, “que comprime en pocos meses lo que normalmente se tramita a lo largo de varios ejercicios administrativos”, exige “una capacidad organizativa superior”, subraya Ramírez.

Bola de nieve

Los retrasos que acumulan los expedientes incompletos pueden ser el origen de un efecto bola de nieve que colapse el proceso. Cada requerimiento de información “puede añadir meses al procedimiento”, asegura Valderrábano. Los principales retrasos provienen de “requerimientos por pruebas de permanencia insuficientes, defectos formales en contratos, documentación extranjera mal legalizada e interpretaciones dispares entre oficinas”, explica.

El caso de Virginia (nombre ficticio) ilustra bien el desgaste burocrático al que se enfrentan muchas personas migrantes. Virginia acaba de obtener una plaza por oposición en una institución cultural pública. Hace doce años dejó su país de origen para seguir desarrollando su carrera. Desde entonces vive en España; hace siete que está casada con un ciudadano español y hace tres que espera la concesión de la nacionalidad. “En extranjería, en Aluche, conseguir una cita o hacer un trámite llegó a sentirse como jugar a la lotería. Hubo una ocasión en la que tuve que hacer cola en plena Filomena. Recuerdo esa mezcla de impotencia y desgaste: tú estás cumpliendo con el sistema, pero el sistema no te lo pone fácil ni en lo básico”, cuenta.

Llegó con un permiso de estudios y, al terminar esa etapa, su actividad profesional se consolidó y empezó a encadenar contratos. “A partir de ahí entré en la rueda: permisos que hay que renovar, expedientes que se alargan, citas que a veces aparecen y a veces no, y un proceso que no es solo administrativo, sino también vital”, relata. Y es que, confiesa, “llega un punto en el que tú ya no estás ‘de paso’: tu vida ya está hecha aquí más que en ningún otro lado”.

No sabe cómo va el expediente de nacionalidad que presentó en enero de 2023. Pese a haber sido “muy cuidadosa” guardando y escaneando los documentos clave –tarjetas y renovaciones– y acudir al proceso con una abogada, hace unas semanas recibió un requerimiento para complementar documentación “y certificar, año por año, toda mi estancia en España desde 2014: recibos, nóminas, contratos… También información sobre entradas y salidas del país, pues por mi trabajo viajo con frecuencia”. Aunque nunca ha superado los límites legales de ausencia, según cuenta, “rastrear vuelos y reconstruir años de vida es un trabajo enorme”. En lo personal dice haber tratado con funcionarios “maravillosos”, pero también haber vivido un trato desigual y, a veces, despersonalizado, especialmente cuando el sistema está saturado.

El círculo del NIE

La autorización de residencia permite trabajar en todo el territorio nacional. Sin embargo, antes de firmar un contrato hay que hacer un trámite más: obtener el NIE (número de identificación de extranjero). Y no es rápido. Algunos profesionales han denunciado los problemas para obtener cita previa en las comisarías.

Por otro lado, existe una paradoja que puede llegar a frenar a los empresarios a la hora de contratar a aquellos que todavía están en vía de ser regularizados. “Hay un fenómeno estructural que afecta al mercado laboral y que llamamos el círculo de bloqueo: no se puede firmar un contrato sin NIE y este no se puede obtener sin contrato”, señala Valderrábano. Ante el riesgo de una eventual sanción, “optarán por otro candidato con documentación en regla”.

Valderrábano también advierte de que hay un agujero en el proceso de regularización: “Ya en enero detectamos que cerca de un 30% de potenciales casos se quedaban fuera porque no alcanzaban aún el plazo exigido para arraigo, pese a tener una oferta laboral real”.

Operadores pirata

Al calor de la futura regularización ha surgido un nuevo negocio y no siempre se respeta la ética profesional. “¿Te gustaría ser legal en España? Yo te gestiono el papeleo”. Bajo ese cebo, y por un módico precio de entre 300 y 1.000 euros, algunos abogados sin experiencia en este ámbito –también falsas asesorías y agencias de viajes– ofrecen a los inmigrantes acelerar los trámites y garantizan la obtención de los papeles. Spoiler: no se pueden garantizar ni plazos ni resultados.

El perfil de la víctima suele ser el de un joven, de entre 20 y 35 años, latino o marroquí. “Se trata de gente que no está buscando subvenciones, solo quieren regularizar su situación para poder trabajar”, afirma Carlos Querol, abogado y secretario de la Asociación de Abogados y Abogadas Contra los Delitos de Odio (AACDO). El letrado relata que estos “estafadores” localizan a sus víctimas por redes sociales, seduciéndolas con falsas promesas de ser las primeras en tener una plaza asegurada cuando la regularización aún está en el aire.

El modus operandi, detalla Querol, es el de pedir una provisión de fondos en la primera cita, un dinero que se entrega en efectivo y sin resguardo, y salir corriendo. El supuesto abogado o gestor desaparece sin mover realmente el expediente. “Las víctimas no tienen forma de acreditar el engaño ni de reclamar lo perdido”, asevera. No son incautos: confían porque muchos son contactados por compatriotas con despacho en España.

Las instituciones consultadas aseguran que, por el momento, no han recibido denuncias formales, aunque admiten que la posible trampa de la regularización masiva ya ha llegado a sus oídos. “No hemos recibido denuncias formales referidas a estas prácticas concretas, pero sí nos consta que se están produciendo ofrecimientos poco rigurosos al calor de la regularización extraordinaria”, responde Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España.

“Considero rechazable y repugnante que se practique publicidad engañosa para aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad”, clama Blas Jesús Imbroda Ortiz, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) y decano de Melilla, quien anima a denunciar estas prácticas inmorales. “No se puede engañar a las personas, ni aprovecharse de las situaciones de necesidad y vulnerabilidad que viven. Es algo extremadamente grave”, apostilla.

Quién coge el timón

La regularización extraordinaria también ha provocado un choque de trenes entre abogacía y gestores. El CGAE lanzó la semana pasada un comunicado en el que se pedía exclusividad profesional en estos trámites. “Es esencial que ese asesoramiento lo preste un abogado capacitado para defender sus derechos ante cualquier instancia y hasta el último tribunal”, apunta el presidente de la Abogacía Española, Salvador González. “La regularización de una persona migrante no es un simple trámite administrativo, es un procedimiento jurídico que afecta a derechos fundamentales. Por ello, solo el letrado puede garantizar la plena tutela de sus derechos, no solo durante el proceso de regularización, sino también a lo largo de su estancia en España”, expone González.

Los gestores administrativos discrepan. “No es imprescindible la intervención de un abogado salvo que el procedimiento derive en una vía contenciosa o judicial”, sostiene Santiago. “La defensa es algo mucho más amplio que el litigio. Empieza mucho antes del juzgado, en el acompañamiento administrativo, en la correcta tramitación y en evitar el error que luego termina en recurso”. Para el presidente, la función del gestor es vital en este tipo de procedimientos, pues “cuentan con formación específica en derecho administrativo y extranjería”, afirma.

Honorarios

¿Cuánto cuesta la regularización de un migrante? Para el trámite extraordinario de 2026, “unos 499 euros con IVA”, en el despacho de Valderrábano. No hay forma de determinar si es mucho o poco. Desde el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) recuerdan que no existe ninguna orientación sobre los honorarios aplicables en esta u otras materias. Los precios “son libres y no existen recomendaciones al efecto”. El colegio vela, no obstante, por el cumplimiento del código de buenas prácticas que garantiza un trato ético con los clientes.

Las consecuencias para quienes incurran en publicidad engañosa pueden ser graves. “Prometer resultados que no dependen del profesional, como asegurar ‘ser de los primeros’ en regularizar una situación administrativa, puede dar lugar a posibles responsabilidades civiles”, subraya Fernando Jesús Santiago. A ello también se suma un castigo fiscal. Realizar gestiones sin IVA “puede conllevar sanciones administrativas y tributarias graves”, añade.

Pero las implicaciones no quedan ahí. “Hacer publicidad con ofrecimientos engañosos es una infracción grave prevista en el Estatuto General de la Abogacía”, avisa Imbroda, cuya sanción podría conllevar “la suspensión durante un periodo de tiempo en el ejercicio de la profesión”.