La parte contratante de la primera parte: el Supremo baja el telón

Acto primero. Plató de la MGM, 1935. Groucho y Chico Marx sostienen un contrato larguísimo que se desenrolla hasta el suelo. “La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte”, lee Groucho a toda velocidad, confiando en que su interlocutor asienta por agotamiento. Chico frunce el ceño: “No me gusta esa cláusula”. Groucho la arranca del papel. Arrancan otra. Y otra. Al final les queda un confeti inservible entre los dedos. La escena es célebre porque hace reír, pero sobre todo porque encierra una gran verdad: así funcionan las cláusulas cuando quien redacta y quien rasga es el mismo.

Cambio de decorado. España, cualquier año entre 2022 y 2025. El plató ya no es Hollywood sino el despacho de un autónomo que acaba de cerrar su negocio. Sobre la mesa, un reguero de notificaciones con escudo oficial, cada una firmada por un organismo distinto. Si Groucho levantara la ceja, reconocería el número: es el mismo vodevil, solo que aquí el público no se ríe.

La función empieza como la escena del camarote -aquel cubículo donde los hermanos Marx iban metiendo gente hasta que la puerta reventaba-. Cuando un pequeño empresario se retrasa en los pagos, su espacio vital se convierte en eso. La Agencia Tributaria entra por la puerta reclamando el IVA de facturas emitidas jamás cobradas, y embarga la cuenta corriente. Se cuela por la escotilla la Seguridad Social arrastrando cuotas impagadas con recargos que se multiplican como los pasajeros del camarote. Del armario salen el Ayuntamiento y la Diputación con tributos locales y el impuesto de una furgoneta que ya ni arranca. Todos llevan su sello y su recargo. Todos aprietan. Nadie coordina.

Si el deudor suplica -“pónganse de acuerdo, que al fin y al cabo todos son el mismo Estado”-, el funcionario le echará el humo del puro a la cara: “Disparate. Somos administraciones distintas. Aquí cada cual embarga por su cuenta”. Y cerrará la puerta del camarote un poco más. Para cobrar, el Estado es una legión. Fin del primer acto.

Acto segundo. El giro cómico. El empresario, arruinado, sube los escalones del juzgado para acogerse a la segunda oportunidad. La ley prevé un límite de exoneración de diez mil euros frente a la AEAT y otros diez mil frente a la Seguridad Social. Un respiro modesto, pero suficiente para aligerar la losa.

Ahora bien, el camarote estaba lleno de más gente. ¿Qué pasa con el ayuntamiento, la diputación, el resto del elenco? La Administración se ajusta el puro y responde: “Esos no aparecen en el guion. Sus deudas no se exoneran”. El deudor descubre que su segunda oportunidad tiene un agujero enorme por donde se cuela media deuda pública. Groucho le ha arrancado las cláusulas que le convenían y le ha dejado un contrato a medio rasgar que no sirve para empezar de cero. Miles de autónomos se quedaron atrapados en ese entremés durante años.

Acto tercero. Las luces se encienden. A mediados de febrero de 2026, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sube al escenario, detiene la función y exige ver el contrato completo. Los magistrados dictan sentencia -varias, siendo la más rotunda la STS 440/2026-. Lo que declaran cabe en una frase que Chico habría entendido a la primera: si la parte contratante de la primera parte es independiente para embargar, también lo es para perdonar.

El límite de exoneración no es un saco común que se reparte entre todas las administraciones, sino un derecho autónomo frente a cada acreedor público. Diez mil euros frente a Hacienda, otros diez mil frente a la Seguridad Social, Y la onda expansiva, según la STS 436/2026, alcanza a ayuntamientos y diputaciones. Además, el Supremo ha advertido a los jueces: se acabó la brocha gorda. Cada resolución debe identificar qué deuda se perdona, de qué organismo y por qué importe.

Epílogo. El telón baja. La sala se ilumina. El espectador se levanta del asiento y, por primera vez en mucho tiempo, es él quien sonríe.

El Estado ya no puede interpretar dos papeles opuestos en la misma obra. Ya no puede salir a escena como un enjambre de acreedores hambrientos cuando toca recaudar y, al acto siguiente, vestirse de monolito granítico cuando toca asumir pérdidas. La parte contratante de la primera parte es, al fin, la parte contratante de la primera parte también para las consecuencias.

Groucho habría levantado la ceja, se habría ajustado el bigote de pintura y habría murmurado, con esa cadencia inimitable: “Vaya, por fin alguien ha leído el contrato entero”. Y Chico, a su lado, habría asentido despacio y habría dicho lo que todo ciudadano decente piensa al salir de esta función: “Ahora sí me gusta esa cláusula”.