Un escudo frente a la inversión extranjera en sectores sensibles

La Comisión Europea ultima un plan novedoso que ha tardado tiempo en atreverse a proponer. Se trata de un proyecto legal que pretende poner condiciones a la inversión extranjera en sectores sensibles del Viejo Continente. El texto, al que han tenido acceso EL PAÍS y CincoDías, limita al 49% el peso que pueden tener las inversiones de otros países en las sociedades conjuntas que se creen en Europa para canalizar esos capitales. Aunque el texto no lo cita con su nombre, el plan está pensado para frenar a China, que controla el grueso de la producción de materiales sensibles como las placas fotovoltaicas o las baterías.

Durante mucho tiempo, Europa se enorgulleció de ser un territorio abierto que promovía el intercambio de bienes y también el flujo de inversiones. Esa estrategia ha generado prosperidad, pero el proteccionismo aplicado por otros países con sus propios bienes y servicios ha ido convenciendo paulatinamente a las instituciones europeas de que era necesario protegerse y evitar la competencia desleal, por un lado, y blindar sectores que se consideran estratégicos, por otro.

Como en tantas ocasiones hizo China con inversiones llegadas de Europa, el Ejecutivo comunitario propone ahora exigir transferencia tecnológica a los capitales foráneos que pretendan desarrollar una actividad en Europa, a veces con el mero objetivo de poder poner el sello de “hecho en Europa” a los productos surgidos de esas fábricas. El ejemplo está muy presente en la industria automovilística. La antigua fábrica de Nissan en la zona franca de Barcelona ahora ensambla vehículos de la marca china Chery.

La pandemia, la crisis energética y más recientemente los vapuleos de la Administración estadounidense de Donald Trump han convencido a los dirigentes europeos de que la dependencia exterior en materiales sensibles genera vulnerabilidad. Las instituciones europeas promueven ahora una estrategia de reindustrialización del continente que permita a la industria recuperar parte del terreno perdido. En el año 2000, el sector secundario suponía un 20,8% del PIB europeo. En 2020 pesaba un 14,3%.

Es probable, pese a todo, que el impulso de Bruselas encuentre una oposición importante entre los propios Estados miembros, cuyo visto bueno será indispensable para que la iniciativa prospere. Algunos países -entre ellos España, pero también Alemania- se han mostrado hasta ahora reticentes a poner nuevas trabas a las inversiones de gigantes como China. De momento, ninguno se ha pronunciado expresamente con el argumento de que la propuesta de la Comisión Europea aún no es oficial. El camino iniciado por Bruselas no será rápido ni sencillo.