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Corredor (Red Eléctrica): “La operación reforzada del sistema no es un sobrecoste”

La presidenta de Redeia no contempla un escenario de sanciones por el apagón ni hacer provisiones contables, siguiendo la recomendación del auditor

Roberto García Merino, consejero delegado de Redeia; Beatriz Corredor, presidenta y Emilio Cerezo, director financiero. Foto cedida por la compañía.

La presidenta no ejecutiva de Redeia ha asegurado este jueves que la operación reforzada del sistema que aplica su filial Red Eléctrica, encargada de la operación del sistema y transportista (TSO), desde el apagón del pasado 28 de abril, “no es ningún sobrecoste, sino herramientas del sistema para que el operador cumpla con su obligación de garantizar el suministro”. Corredor ha respondido así a una pregunta formulada en la rueda de prensa de presentación de los resultados del grupo del año pasado y del nuevo plan estratégico 2026-2029, sobre el coste que supone el escudo antiapagón. Este se traduce en la programación masiva de centrales síncronas, fundamentalmente, de ciclos combinados de gas, en los llamados servicios de ajuste, que resultan más seguras pero más caras.

La presidenta de Redeia recalcó que “no es un sobrecoste, está en la ley y REE no se lleva nada”. E insistió: “Nosotros cumplimos con la normativa vigente”. Corredor avanzó que la operación reforzada se mantendrá, mientras no se tenga “la certeza de que todos los agentes del sector [en alusión a las grandes eléctricas] cumplan con su responsabilidad” y se apliquen los cambios en los procedimientos de operación (el famoso 7.4) que ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La propia Redeia lanzó un comunicado hace dos semanas rechazando que el coste del escudo antiapagón ascendiera a 1.100 millones de euros desde su aplicación en el mes de mayo, tal como sostuvieron los responsables de Endesa e Iberdrola en la Comisión del Senado que investiga el incidente, sino que, según el cálculo de la compañía, este era de “516 millones de euros, el 2,18% de todos los costes del sistema”.

En cualquier caso, Corredor se mantuvo firme en su discurso de que el cero eléctrico, que dejó sin suministro a la Península Ibérica, responde a causas “multifactoriales” o, como señala en su informe corporativo, “a una serie de circunstancias acumulativas que excedieron con mucho el criterio de seguridad n-1 [o la pérdida simultánea de dos centrales nucleares] y que derivaron en un problema de sobretensión y una desconexión en cascada de generación”. Y volvió a responsabilizar a las eléctricas del mismo: “No lo decimos nosotros, lo dicen los que pueden, tanto el Gobierno, como el panel de expertos” creado ad hoc por la Unión Europea.

Preguntado si las pólizas de seguros de Redeia podrían cubrir contingencias derivadas de posibles sanciones por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que investiga el suceso, el consejero delegado del grupo, Roberto García Merino, aseguró que “no vemos ningún tipo de escenario” en el que se les atribuya “ningún tipo de responsabilidad” y que no esperan “ninguna sanción”. En ello coinciden, en su opinión, el auditor externo y los servicios jurídicos internos y externos, que no han exigido ninguna advertencia ni provisión al respecto, pues tampoco ven “responsabilidad en los hechos por parte de REE”.

La presidenta de Redeia aseguró que la compañía ha sido “transparente” en todo momento con el Gobierno, la CNMC y el panel de expertos. Y, en relación con los accionistas, subrayó que están a la altura de lo que se les pide y dejó claro: “No tenemos nada de qué avergonzarnos”.

La red “no está colapsada”

Parte de la rueda de prensa se centró en la capacidad de la red de transporte eléctrico, después de que el operador publicara por primera vez la semana pasada los mapas con dicha capacidad. Corredor recordó que se han concedido permisos de acceso y conexión para 129 GW de proyectos eólicoss y fotovoltaicos; otros 16 GW para almacenamiento y 19 GW para instalaciones de demanda, de los cuales, 12 GW están otorgados desde 2022, que no han sido puestos en servicio, aunque para ello hay cinco años de plazo. Aun así, señaló, un 25% de los nudos tiene capacidad disponible para nuevas solicitudes. “No creo que se pueda hablar de falta de anticipación” ni de que “la red está colapsada”, recalcó.

Respecto a la tasa de retribución financiera (TRF) del 6,58% fijada por la CNMC para la actividad de transporte para el periodo 2026-2031 (la misma que la de la distribución) la presidenta de Redeia indicó que no representa ningún cambio estratégico ni de previsión económico financiera para el grupo, ya que estaban pensados para una TRF del 6,5%. No obstante, sobre la opción de recurrirla (como van a hacer las grandes eléctricas con las circulares de la distribución aprobadas por al CNMC), dijo que es algo que “está sobre la mesa del consejo de administración”, que se reserva así esa posibilidad para dentro de unos meses, ya que hay “algunas incertidumbres todavía pendientes de determinar”.

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