El número dos de Redeia casi triplica su sueldo en 2025, hasta los 2 millones
Roberto García Merino percibió un incentivo pendiente mientras la presidenta no ejecutiva, Beatriz Corredor, ingresó 546.000 euros
El consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, percibió una retribución de 2,054 millones de euros el año pasado, lo que supuso un 165% más que el año anterior, en el que cobró 774.000 euros, gracias al cobro de un incentivo a largo plazo (ILP) que terminaba en 2025. Por su parte, según el informe de retribuciones remitido por el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su presidenta no ejecutiva, Beatriz Corredor, percibió un sueldo de 546.000 euros, el mismo importe que un año antes y de los últimos cinco años. Entre los dos máximos responsables de Redeia, matriz de Red Eléctrica de España, operador del sistema eléctrico y transportista (TSO), cobraron 2,614 millones de euros.
En el caso de García Merino, si se excluye el importe del ILP, la variación interanual sería del 8,7%, por la diferencia en el importe de retribución variable anual devengada en 2024 y 2025, añade la compañía en su informe.
El año 2021 fue el primer ejercicio completo de Beatriz Corredor al frente del grupo. Había accedido a la presidencia no ejecutiva de Redeia en febrero de 2020 en sustitución de Jordi Sevilla. En aquel año percibió 464.000 euros. De su retribución del año pasado, 530.000 euros correspondieron a retribución fija, mientras que 16.000 euros fueron dietas por su asistencia a las reuniones del consejo de administración. La retribución media de los empleados de Redeia se situó en 2025 en los 75.000 euros, en línea con la cantidad que registraba el año anterior.
El consejo de administración de Redeia lo integran 12 miembros: además de Corredor y García Merino, tres consejeros dominicales y siete independientes.
Redeia está participada en un 20% por la SEPI y un 65% del capital está en manos de accionistas institucionales españoles y extranjeros y goza de una especie de acción de oro (nadie puede tener más del 5% de capital) para proteger al operador del sistema, que decide la planificación de las redes eléctricas en España. Su filial REE está siendo investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), junto a otras compañías del sector, por el apagón ocurrido el 28 de abril del año pasado, que dejó sin suministro durante más de 12 horas a la Península Ibérica. El operador lo achacó a causas “multifactoriales”.
La compañía ha presentado hoy sus resultados anuales a la CNMV, con un beneficio de 505,6 millones de euros, un 37% superior al año anterior, y unas inversiones de 1.626 millones, un 39% más, esencialmente destinadas a fortalecer la red de transporte en alta tensión. Los ingresos de la compañía proceden sustancialmente de la retribución de las inversiones en las redes de transporte que financian los consumidores en los peajes de la factura de la luz.