El coste del escudo antiapagón de Red Eléctrica sube un 58% desde el inicio de la guerra

El conflicto desencadenado por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo y su efecto sobre los precios energéticos está impactando en un punto débil del sistema eléctrico español: la operación reforzada que aplica el operador, Red Eléctrica (REE), desde el apagón sufrido el pasado 28 de abril en toda la Península Ibérica. Dicha operación, conocida como escudo antiapagón, consiste esencialmente en la programación masiva de centrales de ciclo combinado de gas que, al ser síncronas, pueden absorber de manera automática posibles alteraciones de tensión en las redes, causa del cero eléctrico del año pasado. Frente a los siete ciclos programados en toda España el día del blackout, REE ha venido programando desde entonces una media de 25 centrales de este tipo (hasta 30, en momentos puntuales) a través de las llamadas restricciones técnicas, que son mucho más caras. Se trata de un mecanismo para corregir en tiempo real los desequilibrios inesperados entre producción y demanda y las incidencias en la red, por el que REE modifica sus programas, con costes adicionales, para asegurar la seguridad del suministro.

Las restricciones técnicas por la operación reforzada (esta puede suponer un 40% de aquellas) se han agravado en las últimas semanas por la escalada de los precios internacionales del gas natural, que se han disparado desde el inicio del conflicto: el del hub español del gas, Mibgas, ha aumentado un 60%, hasta 48,60 euros/MWh y el del mercado de referencia europeo, el TTF holandés, un 57%, hasta 49,60 euros/MWh.

Precisamente, los costes de las restricciones técnicas (que incluyen el escudo antiapagón), han ido a la par de las cotizaciones del gas. Así, según datos públicos de REE, en los 12 primeros días de la guerra, respecto a los 12 días previos, el ingreso unitario que han recibido las instalaciones programadas del sistema (esencialmente, ciclos combinados, y muy raramente, alguna nuclear) ha pasado de 143 euros/MWh a 227 euros/MWh, lo que supone un incremento del 58% y un coste adicional en el sistema de unos 103 millones de euros (8,6 millones por día).

Según REE, “lo que ha cambiado es que ha subido el precio del gas” y “las empresas de generación han subido el de las ofertas de restricciones”. Si bien la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la responsable de vigilar las ofertas de los sujetos de mercado, de la supervisión. Ciertamente, las energéticas con un parque mayor de ciclos combinados se están beneficiando de la coyuntura, especialmente, Naturgy, que, además, cuenta con contratos de suministro con grandes productores, como Argelia y Rusia, a precios muy inferiores a los que cobra a sus clientes que están referenciados al Mibgas. La energética que preside Francisco Reynés obtuvo el año pasado un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 563 millones de euros por su negocio de generación térmica de gas, cuya producción, en el caso de los ciclos, se incrementó un 63%.

Esta situación contrasta con los precios del mercado mayorista de la electricidad (pool) que, tras un repunte de 136 euros/MWh el pasado día 10, ha ido en descenso hasta desplomarse a los 14,39 euros/MWh de este sábado. Además, en el pool, menos de un 22% de las horas corresponden a la producción con los ciclos, casi tantas como las horas a precios cero que se vienen registrando. Por tanto, en este mercado marginalista, el gas no estaría marcando precio.

Ante el temor de que el Gobierno intervenga el mercado como hizo durante la crisis energética por la Guerra de Ucrania, en que aprobó varias medidas para minorar los ingresos extraordinarios de las tecnologías inframarginales (nuclear, hidroeléctrica y ciertas renovables), fuentes del sector eléctrico señalan que “el único impacto de la crisis en el sistema eléctrico se está produciendo en la operación reforzada, con un incremento del coste que es directamente proporcional al precio del gas, pero no tanto en el mercado diario”. En este sentido, subrayan que el precio de los futuros para el segundo trimestre de este año se sitúa en 45 euros/MWh".

¿El doméstico a salvo?

Además, a diferencia de la crisis de Ucrania, el impacto sobre el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada a la que tienen derecho los consumidores domésticos ya no está ligada directamente en su totalidad al precio del pool. Tras la reforma que abordó el Gobierno en 2023, este precio se forma en un 55% está indexado a los precios de los mercados de futuros (forward) y el 45% restante con los del mercado diario (spot), por lo que no sufrirá los elevados precios de entonces (hasta 200 euros/MWh de media en el año 2022) y la volatilidad de entonces.

No obstante, y aunque el precio del pool no afecta, por el momento, a la factura de los consumidores, sí lo está haciendo el de la operación reforzada. El coste se traslada directamente a quienes tienen contratado el PVPC y a las comercializadoras del mercado libre que, en tanto no caducan sus contratos, a precio cerrado y habitualmente anuales, no pueden trasladarlo al cliente. Estas compañías están reclamando que el coste de la operación reforzada se considere un coste regulado de la factura, y se incluya en los llamados cargos, una de las partes fijas de la misma, junto a los peajes de acceso a las redes.

Distintos análisis apuntan a que los costes de la operación reforzada del sistema habrían superado los 1.000 millones de euros el año pasado. Según la consultora Nera, entre mayo del año pasado y febrero de este año, esta cantidad alcanza los 1.100 millones de euros. Por su parte, otro estudio de PwC calcula 115 millones mensuales entre mayo y diciembre, en total, 920 millones.

El pasado 26 de febrero, la presidenta de Redeia, holding en el que está integrada REE (operador del sistema y transportista en alta tensión) negó durante la presentación de los resultados del grupo correspondientes a 2025, que la operación reforzada “sea un sobrecoste”, sino “herramientas del sistema para que el operador cumpla su obligación de garantizar el suministro”.

Dos semanas antes, Redeia había lanzado un comunicado rechazando que el coste del apagón ascendiera a 1.100 millones de euros, tal como sostuvieron también las dos grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, en la Comisión del Senado que investiga el apagón de abril, sino, que, según el cálculo de la compañía, “fue de 516 millones de euros, apenas el 2,18% de los costes del sistema”.