La sangría en el turno de oficio frena el proyecto de una Audiencia Nacional más moderna

La Audiencia Nacional (AN) cumple el año que viene 50 años de existencia. Creada en 1977, fue diseñada para combatir delitos como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, pero sus resoluciones en los órdenes social o contencioso-administrativo son también fundamentales para la vida económica y social del país.

El tribunal ha decidido celebrar su aniversario abriendo un melón que el sistema judicial llevaba años empujando al fondo del cajón: redefinir qué asuntos deben juzgar sus magistrados en un mundo de narcotráfico transnacional, criptomonedas y ciberataques. Mientras, los profesionales del turno de oficio que deben actuar en gran parte de esos macroprocesos amenazan con bajarse del tren por cansancio y precariedad. El choque entre la ambición competencial del tribunal y la renuncia de abogados y procuradores a seguir asumiendo causas sin retribución digna condensa una contradicción difícil de sostener: el diseño de una justicia de alta complejidad con un modelo salarial de baja intensidad.

Competencias de 1997

Fuentes variadas de toda solvencia en la Audiencia Nacional transmiten enérgicamente a CincoDías que no se puede llegar a 2027 con un traje jurídico pasado de moda. Su diagnóstico es claro: el actual marco de competencias ha quedado “obsoleto y sobrepasado” por la realidad jurídica nacional e internacional. La respuesta judicial, sostienen, debe centrarse en la investigación y enjuiciamiento de delincuencia organizada, terrorismo y la nueva delincuencia económica, con una especialización que hoy desborda los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, no menos importante, con los recursos humanos y materiales necesarios para ello.

No se trata, se subraya, de quitar casos a la Audiencia Nacional, sino de asumir más causas y, sobre todo, de clarificar criterios para evitar el rosario de conflictos a través de las llamadas cuestiones de competencia. El mensaje es inequívoco: en un escenario de crimen organizado transnacional y cooperación judicial europea, España necesita un órgano “único, especializado y centralizado” que funcione como eje de la lucha contra las redes criminales complejas, desde el terrorismo hasta la trata de seres humanos, pasando por el blanqueo de capitales o la ciberdelincuencia.

La idea es abandonar el criterio territorial como piedra angular de la competencia penal del tribunal. Frente al modelo que mira dónde se comete el delito, se defiende concentrar en la Audiencia Nacional los asuntos con determinados rasgos estructurales: organizaciones jerarquizadas, impacto pluriautonómico o internacional y sofisticación tecnológica. Narcotráfico, blanqueo, trata, ciberataques a infraestructuras críticas, delitos medioambientales de gran alcance o tráfico ilícito de bienes culturales entrarían en este haz competencial reforzado cuando respondan a ese patrón de criminalidad organizada transfronteriza.

Especialmente relevante es el ajuste que se plantea en las estafas masivas, donde hoy rige el listón del millón de euros como regla jurisprudencial delimitadora de la competencia de la AN frente a otros órganos jurisdiccionales. Desde el tribunal, donde consideran que esa cifra “está obviamente desfasada”, se propone fijar el umbral en más de 100 perjudicados y al menos 10 millones de euros de cantidad defraudada. El foco pasa así del quantum aislado de cada inversor estafado al efecto agregado de este delito sobre miles de pequeños ahorradores y, por extensión, sobre la confianza en el sistema económico.

El turno se planta

Mientras se perfila el papel de la AN en la geopolítica del crimen organizado, la base que hace posible el derecho de defensa en esos mismos procedimientos (abogados y procuradores) lanza una advertencia sin precedentes. La Sala de Gobierno del tribunal ha recibido una comunicación del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) informando de que la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha convocado a los abogados a renunciar al turno especial de la Audiencia Nacional “debido a las condiciones económicas y materiales en las que los profesionales prestan sus funciones”, situación que ha generado preocupación expresa por su incidencia en el buen funcionamiento de la justicia.

“El abogado de pobres de antaño se ha convertido en el pobre abogado de la actualidad”, denuncia Altodo. La asociación reprocha al Ministerio de Justicia –que hace unos días firmó un acuerdo con el Consejo General de la Abogacía Española sobre retribuciones para este colectivo– que mantenga bajo una “mal entendida vocación” un escenario de desamparo en el que la abogacía de oficio presta una labor trascendental en condiciones que “denigran y envilecen” a los profesionales. El texto alerta de que esta precariedad no solo perjudica al letrado, sino que pone en riesgo la calidad y efectividad de un servicio público esencial y erosiona directamente el derecho fundamental de defensa de los ciudadanos más vulnerables. El ICAM tramitó en 2025 cerca de 145.000 solicitudes de justicia gratuita y gestionó más de 162.000 designaciones de abogado de oficio.

La abogacía de oficio pone el foco en tres grietas que, sumadas, convierten la prestación del servi­cio en una ecuación difícil de sostener. En primer lugar, muchas actuaciones –como ejecuciones de sentencia– no generan abono alguno, y en numerosos asuntos, incluidos los relativos a extradiciones y órdenes europeas de detención y entrega, los expedientes de justicia gratuita concluyen con archivo, lo que supone que el Ministerio de Justicia no abona el caso al letrado designado de oficio, pese a que este sigue obligado a actuar. Resultado: el abogado no percibe “un solo céntimo” por asuntos de alta especialización que pueden alargarse años, con voluminosos tomos de prueba y una exigencia técnica equiparable a los asuntos de cualquier gran despacho.

La asociación Altodo reclama un mejor tratamiento legal para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita a cualquier persona jurídica investigada. Y es que, se quejan, los requisitos formales recogidos actualmente hacen “ilusorio”, en la práctica, ese reconocimiento del derecho y, por tanto, la indemnización al profesional de oficio, que se ve atrapado entre la irrenunciabilidad legal de la defensa y la ausencia de retribución efectiva. Por último, señalan, incluso cuando estas actuaciones se abonan, la compensación termina siendo irrisoria “si se compara con la disponibilidad, especialización y responsabilidad exigidas”. El trabajo en estas causas supone kilómetros de folios, archivos de vídeo y vistas interminables. Y es que el baremo indemnizatorio con el que trabaja el Ministerio –la responsabilidad y gestión del pago a los abogados y procuradores del turno corresponde al Gobierno, por tratarse de un tribunal nacional– se describe como “meramente simbólico”.

Procuradores

La tensión no se limita a la abogacía: los procuradores que actúan en la AN también reclaman una revisión de sus retribuciones. El decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), Alberto García Barrenechea, valora positivamente las propuestas de reforma “que modernizan la Audiencia Nacional y refuerzan su papel frente a nuevas formas de delincuencia organizada como el narcotráfico transnacional o el blanqueo con criptomonedas”. Pero avisa de que su puesta en marcha exige una planificación” “detallada y recursos suficientes para evitar la paralización de procedimientos ya de por sí muy complejos”.

Desde esa misma perspectiva, el decano sostiene que cualquier refuerzo de la AN debe ir “acompañado de una revisión al alza de las minutas del turno de oficio, especialmente en procedimientos de alta complejidad tramitados ante órganos centrales de la Administración de Justicia, dependientes del Ministerio”.

Las advertencias de abogados y procuradores plantean una pregunta incómoda: ¿es sostenible construir una jurisdicción de alta especialización sobre un modelo retributivo que expulsa a los operadores jurídicos? La respuesta marcará el futuro de la Audiencia Nacional y la credibilidad del sistema.