La compra de bienes y servicios verdes ya supone un tercio del total de la contratación pública
El importe movilizado asciende a unos 20.000 millones anuales, según EY. Construcción y rehabilitación de edificios, energía, limpieza o transporte figuran entre las áreas de aplicación
El municipio de Elda (55.222 habitantes) ha destinado desde 2021 más de 15 millones de euros –incluidos fondos europeos– para modernizar la ciudad alicantina y reducir su huella de carbono. En los pliegos de contratación, el consistorio ha incorporado criterios ecológicos para las actuaciones de regeneración urbana, remodelación de espacios públicos, impulso de la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Este plan hizo que la urbe recibiera en 2025 el Premio de Buenas Prácticas Locales por el Clima que otorga la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y la Red Española de Ciudades por el Clima.
En España, la compra pública ecológica acelera y ya representa el 34,7% del total, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). En tanto, la estratégica socialmente responsable supone el 41,2%. Esto significa un total de 57.864 convenios en el primer caso y de 68.812 en el segundo, detallan Alberto Castilla, socio responsable de sostenibilidad de EY, y Chus Escobar, socia responsable del sector público de la consultora.
Si se incluyen los denominados de innovación, el importe equivale a unos 20.000 millones de euros anuales movilizados, calculan. “Este volumen actúa como palanca industrial y de I+D, acelerando las tecnologías bajas en carbono y favoreciendo mercados más sostenibles”, apostillan. Construcción y rehabilitación de edificios, obra civil, energía, equipos informáticos, limpieza, climatización y, “cada vez más”, transporte son las áreas de aplicación, dicen Castilla y Escobar.
La Administración central es el principal impulsor, pero los ayuntamientos lideran en la materia
“Aumenta la incorporación de criterios ambientales en los ámbitos donde hay estandarización técnica (energía, limpieza, flotas) y está entrando con fuerza el enfoque de ciclo de vida, más allá del precio”, comentan como tendencia desde la Femp. Los Gobiernos locales, incluidas diputaciones y entes supranacionales, son líderes (Madrid, Zaragoza, Málaga, Barcelona).
La entidad cita que el 52,9% de los contratos formalizados en Cataluña incorporó dichas cláusulas, y el 58,1% del importe adjudicado. “En las instalaciones deportivas se repite un patrón: fotovoltaica, aerotermia, iluminación led obligatoria y materiales sostenibles en obra”, resaltan. Desde EY mencionan también a País Vasco, “con una trayectoria consolidada gracias al Ihobe (sociedad pública de gestión ambiental).
La regulación dispersa, la falta de criterios homogéneos y su inclusión voluntaria limitan su implantación
Aunque el motor principal es la Administración central a través del Miteco, con la puesta en marcha del Plan de Contratación Pública Ecológica 2018-2025, la publicación de un manual en 2024 para la inclusión de estos parámetros y, recientemente, de un catálogo de prescripciones técnicas ecológicas para facilitar su incorporación en los pliegos. El próximo día 23 el Miteco celebrará una jornada informativa al respecto.
Madrid es otro ejemplo. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) está renovando su flota con autobuses eléctricos e híbridos. “En los pliegos se valora el recorte de emisiones, del consumo energético y el ruido; los planes de mantenimiento, la infraestructura de recarga y la gestión inteligente de las cocheras”, ilustran en la Femp.
Desafíos
Pese a los avances, los países nórdicos siguen a la cabeza, con Suecia como referente. También Alemania y Países Bajos, mientras España sorprende entre los líderes europeos en economía circular, junto con Suecia y Dinamarca, aseguran desde EY, por el auge de las compras verdes en los últimos años.
Varios obstáculos estructurales limitan su implantación. “La regulación ambiental es extensa, técnica y muy dispersa. A ello se suma la falta de criterios homogéneos y que no es obligatorio incluirlas en las licitaciones, lo que genera diferencias entre Administraciones; el alza de costes que pueden provocar, tensionando los presupuestos”, alertan Castilla y Escobar.
Además de que la concurrencia puede verse afectada, es decir, las pymes pueden quedarse fuera, o la dificultad para verificar y medir su cumplimiento. En la FEMP señalan la falta de capacidad técnica, sobre todo en municipios pequeños, la elevada inversión inicial y la dependencia de ayudas para su viabilidad.
Regulación y futuro
Marco normativo. El Plan de Contratación Pública Ecológica 2018-2025 español está alineado con el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030), la Estrategia de Economía Circular y la Nacional de Contratación Pública (2023-2026), señalaba Marta Martínez Guerra, directora general de servicios del Ministerio para la Transición Ecológica, en un encuentro organizado por EY a finales de enero pasado. “El ahorro energético y la reducción del consumo de materiales, del 30% en ambos casos, va a marcar las licitaciones, apuntaba. Europa es la que traza el camino con su directiva Buying Green, en constante revisión.
Próximos pasos. Bruselas quiere que en la sostenibilidad sea un requisito transversal en las compras públicas, que los criterios estén armonizados, se incluya el coste del ciclo de vida del producto y haya indicadores homogéneos y verificables, adelanta Martínez Guerra. El Miteco prepara el lanzamiento de una web interactiva con el catálogo de prescripciones técnicas ecológicas, con 20 áreas temáticas, para facilitar esta labor. Europa cuenta con el programa Greener para ayudar a la pyme.
Otros ejemplos
Barcelona. Incorpora criterios sociales y ambientales en la contratación pública estratégica. Y dispone de asesoramiento y enfoque programático. Transports Metropolitans de Barcelona realiza compras de autobuses eléctricos o de hidrógeno en las exige etiqueta ambiental máxima, se valora la huella de carbono del fabricante e introduce cláusulas de economía circular (reciclaje de baterías y piezas...)
Vitoria-Gasteiz. En su nuevo contrato de limpieza se prevé la renovación de maquinarias con menor impacto ambiental y la electrificación de parte de la flota, relatan. Además de la incorporación del sistema de autobús eléctrico inteligente (con vehículos eléctricos articulados, carriles segregados, prioridad samafórica) y la integración de matrial rodante, obra civil y sistemas digitales de gestión.
Ferrol. La adjudicación del contrato de basuras y limpieza viaria contempla incluye la inversión en vehículos eléctricos y renovación de medios.
Valencia. Sustituye su flota diésel por híbridos y eléctricos. Sus cláusulas ambientales se combinan con criterios sociales (formación de los conductores en conducción eficiente).