Occident reclamará en los tribunales las indemnizaciones que tuvo que pagar a casi 11.000 clientes por el apagón

Comienza el baile de demandas por los daños provocados por el apagón que dejó sin suministro eléctrico a la Península Ibérica el 28 de abril del año pasado. A poco más de dos meses de que prescriba el plazo para poder reclamar los daños causados por el incidente (el mismo día en que se cumpla el año), el grupo asegurador Occident ultima una reclamación por las indemnizaciones que tuvo que pagar a casi 11.000 de sus clientes a causa del cero eléctrico que se prolongó unas 12 horas (dependiendo de las zonas), según fuentes conocedoras del proceso. La compañía ha declinado hacer comentarios a este respecto y no ha querido desvelar la cuantía que exigirá en los tribunales.

Occident, integrada por Catalana Occidente, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao y NorteHispana Seguros, ocupa el segundo puesto en el ránking del segmento Multirriesgos (especialmente hogares, pero también comercios y oficinas), con una facturación de 973,5 millones de euros en 2025, por detrás de Mapfre España, con 1.843 millones, y seguida de Generali y SegurCaixa, según datos de ICEA. Como en el caso de otras competidoras, Occident se hizo cargo de las reclamaciones de los clientes damnificados por el apagón, que rondan los citados 11.000, en las semanas posteriores al mismo. Y, casi de manera inmediata, puso a trabajar a un equipo jurídico y técnico para preparar una demanda, cuyo escollo, por el momento, es determinar contra quién o quiénes la deben interponer.

Fuentes del sector se muestran convencidas de que esta misma decisión la van a tomar también el resto de grandes aseguradoras, si bien ninguna se ha pronunciado aún. Y deben hacerlo antes del 28 de abril pues, cuando alguien recibe un daño de un tercero con el que no mantiene un contrato (caso de los accidentes de tráfico) el plazo de reclamación es de un año. Una portavoz de la primera aseguradora del sector, Mapfre, indica que esta compañía “no ha adoptado aún ninguna decisión sobre posibles acciones de recobro”.

Según coinciden expertos jurídicos, se espera una avalancha de demandas por el apagón eléctrico en dos frentes: el de las aseguradoras y el de las grandes industrias, aunque en este último caso las cuantías serán individualmente mucho más elevadas. Las instalaciones industriales no tienen asegurado el riesgo de apagón, como sí lo tienen muchos hogares o pymes. Los consumidores que no tienen cobertura y sufrieron daños materiales por el apagón pueden ir contra su comercializadora que, a su vez, irá contra la distribuidora y esta contra la generadora, qué sí puede estar asegurada (de cientos de millones en el caso de las grandes eléctricas).

En el ámbito industrial, las dos grandes petroleras, Repsol y Moeve (antigua Cepsa), ya enseñaron sus cartas el año pasado y avanzaron de forma preliminar en sus cuentas del primer semestre los perjuicios económicos sufridos: en el primer caso, de 175 millones de euros y, en el segundo, de 50 millones. La semana pasada, durante la presentación de los resultados de 2025, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, confirmó que la compañía emprendería acciones legales para reclamar, finalmente, daños por 125 millones en sus cinco refinerías y los complejos químicos de Tarragona, Puertollano y Sines, en Portugal. La diferencia entre esta cantidad y la que anunció el año pasado es que en esta última están solo incluidos los daños del día 28 y en los 175 millones, los causados por otro incidente previo (22 abril) y posterior (16 de junio) que afectaron a Cartagena y Puertollano, respectivamente. También Moeve confirmó a este diario que acudirá a los tribunales antes del 28 de abril.

Según explicó Imaz, y esto parece algo extensible a todo el que quiera demandar, Repsol va a esperar a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluya el procedimiento informativo (investigación) que mantiene abierto desde el año pasado y que se prevé concluya con un procedimiento sancionador contra algunas de las investigadas: el operador del sistema, Red Eléctrica, filial del grupo Redeia; y las grandes eléctricas, como Iberdrola o Endesa, a las que señaló el propio Ministerio para la Transición Ecológica, en el informe que elaboró sobre el incidente donde aseguraba que el apagón fue resultado de múltiples factores.

La CNMC ha renunciado a realizar el informe general para determinar responsabilidades que prometió el pasado mayo, y se ceñirá a la investigación que tiene en marcha y, en su caso, a incoar un expediente sancionador por haberse infringido la Ley del Sector Eléctrico, en lo relativo, por ejemplo, a posibles deficiencias del operador en la programación de centrales para el día del incidente o supuestos incumplimientos de control de tensión de algunas plantas de generación.

Aunque la apertura de un procedimiento sancionador no es una prueba automática de responsabilidad, sí puede suponer “un respaldo o una base” para que los denunciantes identifiquen al responsable o los responsables ante el juez. Además, una vez que la CNMC termine el procedimiento informativo y abra el sancionador, la información “reservada” que ha manejado hasta ahora el organismo que preside Cani Fernández será pública, y los afectados podrán utilizarla también en su demanda.

Lo que resulta imposible es que el plazo para fijar las sanciones definitivas (la CNMC dispone de tres meses, ampliables a cinco, si se solicita nueva información) acabe antes del 28 de abril. Una opción es que, una vez que la CNMC señale a los posibles responsables, los damnificados les envíen una carta de advertencia, que podría paralizar el plazo de un año al tratarse de juicios civiles. Y es que, según fuentes jurídicas, si se presenta una demanda antes del 28 de abril, esta ya no se podría modificar posteriormente.

El auditor advierte

Esta misma semana, Endesa, Iberdrola y Redeia presentan sus resultados de 2025. Fuentes empresariales aseguran que los auditores han exigido a algunas de ellas, especialmente a esta última, incluir en su informe anual “algún tipo de advertencia sobre el riesgo” por las posibles consecuencias judiciales del apagón.

Sea como fuere las reclamaciones por el incidente se van a convertir en una maraña que podría durar muchos años, según varios abogados consultados. Las reclamaciones se pueden presentar ante juzgados de primera instancia donde esté ubicada la sede del demandante, la del demandado o las instalaciones afectadas. Solo en Madrid hay 80 juzgados de ese tipo y podría haber un reguero de reclamaciones en juzgados de toda España.

Las infracciones que pudiera poner la CNMC a REE o a las grandes eléctricas serán recurridas ante la Audiencia Nacional y, cuando el contencioso-administrativo sea firme, podrían acudir al Tribunal Supremo. No se descartan pleitos cruzados y avalanchas de recursos de unos contra otros (por ejemplo, si sale mal parado, del operador del sistema contra las eléctricas).